El gobierno nicaragüense que encabezan Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo nada tiene que ver con el socialismo ni tan siquiera con alguna democracia elemental: es una verdadera dictadura, que aplica los planes del FMI y reprime las luchas sociales y a los opositores políticos. A cuatro años de la rebelión popular ocurrida en ese país, desde la LIS, el MST y otras organizaciones redoblamos la campaña en defensa de las libertades democráticas.

Escribe: Pablo Vasco

En abril de 2018, una rebelión popular se alzó contra las medidas fondomonetaristas dispuestas por el gobierno de Ortega-Murillo. Sí, el mismo que en 1979 había sido uno de los comandantes de la guerrilla sandinista que condujo la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza, ahora como presidente de Nicaragua aplicaba las recetas del FMI. En dicha rebelión, que incluyó paros, movilizaciones y tranques (piquetes), el protagonismo central lo tuvo la juventud. Y la respuesta, como la de cualquier otro gobierno capitalista neoliberal y dependiente, por más que con toda hipocresía se autodenomine «socialista», fue la represión pura y dura.

La movilización acorraló al gobierno, pero si éste no cayó fue por la ausencia de una conducción centralizada y también por la política de «diálogo» de la oposición burguesa Azul y Blanca, comandada por el gran empresariado local con apoyo de la Iglesia. Así la dictadura de Ortega logró sacar a la gente de las calles, ganó tiempo y desplegó primero una represión selectiva y luego, a partir de julio, una política de tierra arrasada. En total hubo al menos 355 muertos y cientos de heridos. A partir de ese momento se dio un repliegue de las masas, y miles y miles partieron al exilio. Por ejemplo, sólo en Costa Rica se estima que hay actualmente más de 300.000 nicaragüenses.

Ahora la tarea en Nicaragua consiste en preparar las condiciones para fortalecer la resistencia popular al régimen dictatorial e impulsar el retorno de la movilización, así como avanzar en la construcción de una alternativa política que le dé una salida positiva para la juventud y el pueblo trabajador nica. La tarea principal e inmediata es lograr la liberación de las presas y presos políticos, en el camino de echar a la dictadura de Ortega-Murillo y transformar Nicaragua sobre nuevas bases, antimperialistas, anticapitalistas y socialistas.

Campaña de solidaridad

En este difícil contexto político, desde la Liga Internacional Socialista (LIS) y su sección nicaragüense Alternativa Anticapitalista, junto al Partido Revolucionario de las y los Trabajadores de Costa Rica, colectivos de migrantes nicas en este último país y otras agrupaciones de Centroamérica venimos impulsando una campaña internacional por la libertad de los presos políticos, entre los que se cuentan desde dirigentes juveniles hasta antiguas lideresas del Frente Sandinista, heroínas de la revolución. Sus condiciones de detención son terribles, sufren torturas, se les priva de atención médica y se les impide la visita de familiares. En febrero pasado murió en prisión el general Hugo Torres, héroe sandinista.

En la Argentina ya han firmado un pronunciamiento solidario por la libertad de los presos políticos nicaragüenses 16 organismos de derechos humanos, algunos que son integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y otros no. En la marcha del 24 de Marzo, compañeras y compañeros exiliados nicas alzaron pancartas con los nombres de las presas y presos. Asimismo, en Buenos Aires, el martes 19 se realizó una protesta frente a la Cancillería, en Plaza San Martín, y luego una marcha y acto ante la embajada de Nicaragua, en Santa Fe y Callao. Participaron Alejandro Bodart, coordinador de la LIS; Cele Fierro, Vilma Ripoll y Mariano Rosa, dirigentes del MST en el Frente de Izquierda Unidad, al igual que Bodart. Jóvenes militantes llevaban carteles con los nombres de las detenidas y detenidos políticos.

Ante la Cancillería, luego de las palabras de una militante nica exiliada en nuestro país, Bodart expresó: «Hoy se cumplen cuatro años del levantamiento popular en Nicaragua contra el ajuste dictado por el FMI, que pretendió aplicar la dictadura capitalista de Ortega-Murillo en ese país. Desde entonces, la represión sobre dirigentes estudiantiles y sociales no se ha detenido. Al día de hoy se contabilizan 185 presas y presos políticos en condiciones aberrantes. Venimos a plantear que el gobierno nacional condene ese régimen y rompa relaciones». Y se entregó una nota con dicho pedido.

Luego Bodart agregó: «En pocas semanas, junto a diputados y diputadas de izquierda y referentes de derechos humanos, en acuerdo con una amplia coordinación de organizaciones nicaragüenses exiliadas en Costa Rica, se conformará una comisión latinoamericana que viajará para exigir el ingreso a territorio nicaragüense y certificar las condiciones de salud y encierro de las y los presos».
¡Sigamos respaldando con firmeza esta campaña democrática!