Han pasado varios días del discurso de CFK en Avellaneda, pero la discusión sobre la administración de los programas sociales y la ayuda social en sí, continúa en debate. La bandera de la «tercerización» y la cantidad «abultada» de asistencia, fue tomada por los intendentes del conurbano y la mayoría de los gobernadores. Sin embargo, el trabajo genuino y con derechos no es el horizonte propuesto por quienes se han ubicado como enemigos de las organizaciones sociales. ¿Cómo nació la ayuda social? ¿Cuánto se invierte en ella? ¿Quiénes deben administrarla? ¿Cómo transformar los programas en trabajo genuino? Algunas preguntas que nos proponemos responder desde una perspectiva socialista.

Escribe: Nicolás Zuttión

Tras las palabras de Cristina Fernández de Kirchner (CFK), la asistencia social se ha puesto en debate. Más allá de las maniobras de la vicepresidenta para responder a la interna del FdT e intentar debilitar el poder de fuego de las organizaciones sociales oficialistas que no responden a ella y el lazo comunicativo que profundiza con lo peor del peronismo de cara a 2023 -los «barones» del conurbano y los gobernadores-, es clave comprender el resto de las dimensiones que cobró su mensaje. No se puede dejar pasar lo que significaron tales palabras para el círculo rojo del país y, ni que hablar, la confrontación directa que expuso con aquellas organizaciones que se mantienen en pie de lucha contra el gobierno del presidente que ella escogió para «revertir» la herencia macrista.

Se selló así una ofensiva conservadora que ubica a todo el arco político que defiende al capitalismo como único sistema social posible, contra los piqueteros y la ayuda social. Este ataque va desde el liberfacho Marra, Larreta y ahora Cristina. Y desde el Ministerio de Desarrollo Social se administra el ajuste y no se da respuesta a las demandas del movimiento piquetero.

Un ataque que, en el fondo, va contra una conquista arrancada al calor del último suceso con más potencia de la lucha de clases de nuestro país.

Origen

Durante la última parte del gobierno peronista que encabezó Carlos Menem, las políticas neoliberales que se aplicaron tuvieron como contracara el nacimiento de un nuevo actor social: los piqueteros. De norte a sur, a fines de los ‘90, por el remate de las joyas de la abuela, específicamente YPF, se produjeron estallidos sociales en las localidades de Tartagal, Mosconi (Salta) y Cutral Có (Neuquén). Los altos niveles de desocupación fueron los que empujaron a los trabajadores desempleados a implementar los tan famosos cortes de rutas. El mismo método se exportó por todo el país, como así también se desparramaba la miseria social que motivó el estallido de 2001.

Ese hito político que sacudió al régimen compuesto por los partidos tradicionales (PJ/UCR), si bien fue congelado, arrancó conquistas de aquellos sectores postergados por la crisis. Es en 2002 cuando, por medio de un decreto/ley, se da vida al Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados que tuvo más de dos millones de beneficiarios en un principio. Un logro arrancado por los piqueteros organizados en sus diferentes organizaciones sociales, hoy tan cuestionadas por CFK.

Sin embargo, la asistencia social de la que tanto refunfuñó la vicepresidenta, ya que consideró que hoy existe en demasía, nunca fue suplantada por empleo formal como siempre han prometido los diversos gobiernos. Más bien, durante los 12 años de kirchnerismo, el paso de Cambiemos por el poder y el actual gobierno del Frente de Todos, los programas sociales han perdurado. Demostrando que se mantiene una herencia desde la época neoliberal con un 50% de la fuerza laboral marginada a la informalidad o desempleada, sin percibir plenamente los derechos conquistados por la lucha de lxs trabajadorxs. Así también que el control de parte de la asistencia por la izquierda y sectores combativos autodeterminados no ha podido ser desarticulada.

Mitos y realidades

En el discurso que CFK dió en el plenario de la CTA, dejó en claro que la cantidad de programas sociales existentes, le parecen muchos. Algo muy llamativo debido a que en la actualidad la cantidad de Potenciar Trabajo sólo alcanza la cifra de 1.320.000. Un número sumamente inferior al necesario para paliar la situación social de pobreza que impacta a más del 37% de la población total.

Las necesidades de lxs trabajadorxs ocupadxs que poseen trabajos informales y los desocupadxs, han salido a la luz primero con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), y, luego, con el Refuerzo de Ingresos donde, en promedio, se anotó un contingente de nueve millones de personas. Cifras que, en cuanto a los damnificados por la crisis económica, echan por la borda los argumentos de Cristina. También, se puede constatar la pobre ayuda que se considera excesiva para el gobierno con los datos oficiales del INDEC: existen 16,6 millones de pobres y de ese total 3,6 millones son indigentes.

Además de lo descripto, se puede sumar el siguiente dato para demostrar que la ayuda social es poca y se encuentra digitada según los criterios del FMI a los que la vicepresi-denta ¿acepta? Con el último DNU en el que se aprobó el Presupuesto 2022, salió a la luz un nuevo ajuste efectuado por el Frente de Todos. Y, ese nuevo ajuste, también se da en los programas sociales. Como lo remarcó el periodista Alejandro Rebossio(1), en comparación con 2021, los programas sólo significarán un 1,3% del PBI este año, contra un 1,8% que representaron el año pasado. Toda una orientación para cumplimentar con el ítem «déficit fiscal», que los burócratas de Washington no quieren que supere el 2,5% del PBI, y Guzmán está haciendo todo para que no ocurra.

Podemos concluir que a CFK le parecen mucho $227.100 millones anuales que significa la existencia de los Potenciar Trabajo de un valor de apenas $19.470 para cada beneficiario. Mientras, durante este año, el gobierno del que forma parte va a desembolsar un total de USD 17.900 millones al Fondo, monto 10 veces superior al destinado al programa aludido.
Lo otro que se oculta es que una mayoría de los «planes», respecto de los que manejan los sectores piqueteros, los manejan desde siempre los intendentes y gobernadores y con un criterio clientelar, típico del manejo de los punteros peronistas.

El plan de los intendentes y gobernadores

Mientras los intendentes y gobernadores se quejan de la «tercerización» en el manejo de los programas sociales, esconden que ellos ya detentan la administración de casi un 30% de los mismos.

Las primeras ideas que impulsaron a principio de este año y con el apoyo del ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, fue ofrecer cierta cantidad de beneficiarios a un sector de empresas privadas. Como este sistema no funcionó como esperaban, los «barones» del conurbano y los gobernadores ven en esta nueva ofensiva la posibilidad de hacerse de mano de obra precarizada para los municipios o Estados provinciales.

Más allá de la propuesta presentada por Pablo Zurro, intendente de Pehuajó, algunos pesos pesados intervinieron en el mismo sentido. El domingo 26, en una entrevista con Página 122, Axel Kicillof declaró: «Desde la Liga de Gobernadores estamos proponiéndonos para colaborar y acelerar el proceso de conversión en trabajo genuino». Y, agregó: «Estimamos 800 mil (programas en la provincia -el agregado es nuestro-) y, para poner un parámetro, la nómina de trabajadores del Estado provincial es de alrededor de 650 mil, o sea que es necesario trabajar ahí». Esta estimación por parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires, adelanta una nueva forma de precarización laboral.

Implementado el monotributo, ahora Kicillof se relame por utilizar a los programas como una forma de explotación laboral que degrade el salario y los derechos de los trabajadores estatales.

No es nada nuevo que el Frente de Todos quiera avanzar por este sendero. Los últimos datos de empleo arrojados por el INDEC3, en referencia al primer trimestre de 2022, mostraron que:
· Aumentó el empleo no registrado: pasó del 33,3% al 35,9%;
· Creció el uso del monotributo como forma de emplear a los trabajadores (más trabajo precario);
· Y también se elevó la población sobreocupada (la que trabaja más de 45hs a la semana): pasó del 24% al 27%.
La conversión de los programas en «trabajo genuino», no es más que una farsa del peronismo para ir contra el derecho de la asistencia social y establecer un régimen de trabajo de niveles máximos de explotación.

Que las organizaciones sociales controlen democráticamente todo

El plan pensado por parte de los gobernadores e intendentes, presidido por CFK, como dijimos, no es más que una avanzada por más precarización. Y, en este aspecto, no hay grieta alguna. La misma política es sostenida por varios intendentes de las filas de Juntos por el Cambio y, también, por el espacio de Javier Milei.

Claro que tal ofensiva sólo podría ser llevada a cabo por medio de los punteros políticos de ambos espacios. Los mismos que defienden gobiernos que no han hecho más que degradar las condiciones laborales y de ayuda social en el país.
Ante eso nos posicionamos de forma tajante en favor de la administración democrática de la asistencia por parte de los movimientos sociales combativos, como nuestro MST – Teresa Vive, que fueron quienes arrancaron estas conquistas. También, ante las campañas difamatorias que han hecho circular los grandes medios de comunicación, nos pronunciamos en defensa de la autofinanciación por medio de sus aportantes de las propias organizaciones, quienes se organizan de forma democrática. Es la única garantía de mantener la independencia absoluta del poder político de turno y del Estado.
Lejos de ser las «administradoras de la pobreza», como la vicepresidenta lo ha dado a entender, y sin dejar de remarcar nuestras diferencias con aquellas organizaciones que se mantienen dentro del FdT, las organizaciones sociales son las que han estado y persisten en la calle contra el ajuste en curso. Luchando por mayor asistencia, como así también por la conquista de nuevos derechos: la creación de empleo genuino.

Reconvertir los programas sociales en trabajo genuino

Tras la radiografía expuesta sobre la situación social y laboral del país, falta agregar que en el último trimestre se mantuvo un piso de 1,5 millones de desocupados. Simultáneamente el fenómeno de los trabajadores pobres se siguió extendiendo. Mientras, del otro lado de la verdadera grieta, esa que separa a los trabajadores y las patronales, estas últimas han visto en verde sus saldos en los libros contables.

En el gobierno, como propuesta para la resolución de este estado de cosas, como mucho, se piensa en un «Salario Básico Universal», que seguramente sea focalizado para no sobrepasarse de los «gastos» permitidos por el Fondo. Un ingreso que, según han manifestado sus impulsores, como Juan Grabois, apenas alcanzaría los $14.000.
Desde el MST en el FIT-Unidad consideramos que es urgente revertir esta situación y, obviamente, tenemos un plan para hacerlo. Con movilización y voluntad política hay chances de transformar los programas sociales como el Potenciar Trabajo en puestos de trabajo genuino. Llevar a cabo un plan de obras públicas, dedicado a la construcción de viviendas populares, podría generar cientos de miles de puestos de trabajo, con salarios dignos y sin precarización. Asimismo el reparto de las horas de trabajo en el sector privado, generaría nuevos puestos. Nada de esto se propone. La asistencia, debería funcionar como un seguro transitorio hasta que se genere el trabajo genuino.

Tomando como referencia los parámetros ofrecidos por el programa Procrear(4), sólo con el dinero que se destina para pagar la ilegítima deuda con el Fondo se podría asegurar la construcción de casi 400 mil viviendas y por ende miles de puestos de trabajo. Además, para contrarrestar la tendencia a la desocupación, pero también del pluriempleo, proponemos repartir las horas de trabajo (por ejemplo con jornadas de 6 hs manteniendo el salario, que no puede ser menor al costo de la canasta básica).

El dinero para costear el tan necesario cambio presupuestario, existe. Gran cantidad de recursos se dilapidan en el pago de la estafa de la deuda externa. No se soluciona esto con nuevos acuerdos como el gobierno del FdT hizo con la estafa heredada del macrismo, tanto con los fondos privados como con el FMI. Declarar un default soberano y no orientar ni un dólar más hacia ese ilícito, es una de las primeras medidas necesarias para poder terminar con la desocupación y volver a crear trabajo de verdad.

Pero eso no es todo, también hay que avanzar en una gran reforma tributaria. El gobierno ha demostrado que sólo se anima a realizar amagues parciales para afectar las grandes riquezas, como el supuesto proyecto para gravar la «renta extraordinaria». Nosotros creemos que hay que ir a fondo e implementar impuestos progresivos que afecten a las grandes ganancias y fortunas, a la renta financiera y especulativa.

Otro foco a atender es lo que la vicepresidenta llamó «festival de importaciones». Sin embargo, ni siquiera bajo sus gobiernos se modificaron las leyes que perduran de la dictadura en dicha materia. Contra la reforma de entidades financieras que se mantiene desde 1977 y el comercio exterior en pocas manos privadas, anteponemos la nacionalización de estos dos resortes. Con una banca única de carácter pública y estatal, con control de sus trabajadores y usuarios, se frenará la sangría que provoca la fuga de divisas auspiciadas por todos los gobiernos que han sobrevenido tras el 2001. Y, con el monopolio estatal del comercio exterior, se podrían anular las maniobras de sub y sobre facturaciones que hacen a diario los grandes exportadores agroindustriales, que incluye también el ocultamiento de exportaciones.

Estas propuestas presentadas son las que consideramos esenciales desde el MST para poder terminar con el desempleo estructural existente en nuestro país. Si queremos revertir la asistencia social por un futuro mejor para quienes la perciben, sostenemos que es imprescindible la aplicación de estas medidas de fondo, anticapitalistas y socialistas.

1 El presupuesto refuerza planes sociales y obras públicas en las provincias, pero igual caerán frente a 2021. Fuente: elDiarioAr
2 Axel Kicillof: «El Fondo tiene que entender que en Argentina no hay lugar para hacer ajustes». Fuente: Página12
3 Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos (primer trimestre de 2022). Fuente: INDEC
4 Se calcula que el valor de una vivienda económica es de $6.069.000