Los conceptos, en política, a veces no son simplemente «etiquetas». Definen posiciones y organizan acciones concretas. El caso de Nicaragua es paradigmático. Frente a posturas que van desde la defensa abierta, como en el caso de los Partidos Comunistas o los gobiernos de Venezuela y Cuba, hasta el silencio cómplice del llamado progresismo, o la ambigüedad vergonzante de intelectuales a sueldo; incluso de sectores de izquierda que condenan a Ortega-Murillo, pero no los definen como una dictadura, la LIS y el MST, no tienen dudas al respecto. Pero, vamos a dar argumentos.

Escribe: Luciana Echevarría, diputada MST-FIT Unidad (LIS-Argentina), vocera parlamentaria de la Comisión Internacional.

En 10 años de régimen, en Nicaragua fueron asesinadas más personas por razones políticas que en toda la primera década de dictadura pro-yanqui somocista. Es dato, no opinión. Más todavía, para aportar:

– En Nicaragua se suprimieron centenares de organizaciones y ONG´ s independientes, de las más variadas. La última ofensiva fue contra colectivos feministas a los que, además, les confiscan sus sedes y patrimonio.

– No hay derecho a la protesta, ni hay derecho de reunión, se confiscan pasaportes en la frontera, se despide de sus trabajos estatales a familiares de presos políticos.
– Los siete candidatos presidenciales opositores a la pareja dictatorial que se presentaron a la farsa electoral de noviembre pasado, están presos.

– No hay libertad de prensa. Todos los medios independientes del FSLN, fueron cerrados, confiscados sus bienes y operan desde el exilio. Además, hay periodistas presos, directores de medios.

– Ortega-Murillo operaron reformas en el Código Penal. Además de nuevas figuras como «ciber-delito» (penado con cárcel de años), «traición a la patria» o «amenaza a la integridad nacional», se modificó un artículo que habilitaba al Estado a retener como máximo hasta 48 hs por averiguación de antecedentes a una persona, y ahora puede retenerlo legalmente hasta 60 días. Es decir: la legalización del secuestro estatal.

Hasta aquí una parte, la más «suave» del dispositivo represivo-institucional. Pero sigamos.
La Masacre de Carazo y el caso de Rodolfo «Piel» Rojas

Carazo está al sur de Managua. Su ciudad cabecera, es Jinotepe. El 8 de julio de 2018, en el marco del llamado «Operativo Limpieza» por parte de la dictadura para levantar todos los tranques en el país, se produjo en Carazo una verdadera masacre. Ese departamento junto a Masaya y Monimbó, posiblemente hayan sido de los más combativos del proceso. Carazo es una región universitaria, pero también obrera y popular, y el tranque de San José, tuvo una particularidad: no pudo ser levantado por la política de «diálogo» a la que convocó la cúpula de la Iglesia Católica y a la que se subordinaron el gran empresariado y otros sectores. Cuando se comunicaron con los liderazgos del piquete para sugerirles que depusieron la medida, por mandatos de sus bases, la respuesta fue «vayan a comer mierda, aquí nos quedamos. Carazo no se rinde». Tuvo una segunda particularidad: el componente de apoyo, de obreros y vecinos experimentados provenientes de las filas del FSLN, le dieron una consistencia y capacidad de resistencia muy grande. Trancaron 50 kilómetros de enormes camiones, en esa zona que es corredor comercial clave del país. Y tuvieron, una tercera nota distintiva: ante las agresiones con balas de plomo de las fuerzas del ejército y los paramilitares de Ortega-Murillo, se defendieron y los repelieron también de forma armada. Carazo fue un alto ejemplo de auto-defensa armada, legítima, popular, con apoyo social (durante días y días, la población asistió con comida a la vanguardia del tranque), y logró derrotar el primer intento violento de la dictadura por desalojar la ruta. El 8 de julio, sin embargo, un operativo militar de cerca de 3000 efectivos, armados AK-47, fusiles Dragunov y M16, durante 12 horas de enfrentamiento, al final con un saldo de casi 30 muertos, Carazo se rindió. La Masacre fue brutal y el saldo sangriento. Uno de los liderazgos de ese tranque, fue Rodolfo Rojas, alias «Piel», ex-dirigente de las juventudes sandinistas de Carazo. Rodolfo estaba exiliado en Costa Rica, trabajando como obrero de la construcción. Hace 15 días, fue secuestrado en territorio tico, y ejecutado con varios tiros en el pecho y la cabeza. Su cuerpo apareció tirado en la frontera de Honduras y Nicaragua, con los dientes y las uñas arrancados. Secuestro extra-territorial, seguido de torturas y ejecución. Se la tenían jurada por «desertor». Gravísimo. Inédito. Hicimos un juramento con sus familiares y compañeros, con los cuales nos reunimos. Testimoniaron para la relatoría final de la Comisión. El mundo lo tiene que saber.

¡Abran las puertas del Chipote! Basta de incomunicación y torturas

En lo personal, no nos está resultando fácil recoger los testimonios de familiares y víctimas. Las torturas, las desapariciones, el exilio, las privaciones y la indefensión en otro país. Todo esto les toca vivir como drama cotidiano a las y los afectados por el régimen de Ortega-Murillo. Los métodos y la crueldad no tienen ningún límite: ninguno. Actualmente, en todas las cárceles donde están encerrados los presos políticos, hay torturas cotidianas y vejámenes de distinto tipo:
– Golpes, celdas de aislamiento.
– Tortura psicológica.
– Violaciones.
– Comida contaminada.
– Exposición permanente a la luz artificial o a la oscuridad.
– Prohibición por semanas y hasta meses de recibir visitas.
– Confiscación de comida y artículos personales enviados por familiares.
– Falta de atención médica.

Actualmente, en El Chipote, la cárcel política emblema del régimen, los detenidos sufren aislamiento e incomunicación de sus familias. Un colectivo de DDHH construyó relatos «hablados» que comparan la figura actual de varias de las personas presas y cómo ingresaron. ¡Es desgarrador! Hay muchos casos tremendos y a la vez, los de Tamara Dávila, feminista o Félix Madariaga, ex candidato, al igual que Juan Chamorro o el director de La Prensa, Juan Hollman, son contundentes. No me quiero olvidar de Yader Parajón, al que conocimos en Argentina, de Jaime Navarrete, con cuyos familiares hablamos recurrentemente, de Ana Margarita Vijil y Dora Téllez, por quienes también exigimos preservación de la vida y libertad. Hay crímenes de lesa humanidad. Hay un plan de la dictadura, no son golpes aislados. Hay un objetivo de exterminio de personas por sus posiciones políticas. Es dictadura, sangrienta y siniestra. Sin ninguna duda.

Capitalista y estalinista: un Estado Policial, para defender negocios de la burguesía emergente

Los Ortega-Murillo expresan socialmente una nueva burguesía: la sandi-nista. Desde el pacto con Arnoldo Alemán a finales de los 90, que consistió esencialmente en un acuerdo de reparto de negocios y propiedades en el país, los Ortega-Murillo y su entorno, son grandes propietarios con negocios diversificados: financieros, forestales y de distinto tipo. Son millonarios que defienden sus privilegios. El poder, es instrumento de ese propósito. Matan, persiguen, reprimen, espían, destierran, hostigan, todo para asegurarse negocios e impunidad. Capitalista por su contenido de clase, bien estalinista por los métodos de Gulag y GPU que utiliza. ¿Cómo no calificar de dictadura a semejante monstruosidad? Obviamente, el uso de narrativas de «izquierda», «socialismo» o «antiimperialismo», tienen la meta obvia de confundir y encubrir lo que son: derechistas y burgueses enriquecidos como enterradores de una revolución hermosa que secuestraron. Pero, de nuestro viaje, de conocer tantas historias de vida y dignidad, en resistencia todavía, nos vamos con la firme convicción de que acá no se rinde nadie.