El día 19 de agosto se llevó a cabo una exitosa Audiencia Pública en defensa del Ambiente convocada por el Frente de Izquierda Unidad en la legislatura bonaerense. El debate entre las fuerzas del FIT-U desarrollado de manera previa y durante el evento confirmó que el productivismo de izquierda sigue vigente en el equivocado proyecto de ley del Partido Obrero para regular los agrotóxicos. Aquí desarrollamos nuestra polémica con los compañeros, como un humilde aporte a los debates en el activismo socioambiental.

Escribe: Leonel Acosta

Fue Guillermo Kane, legislador bonaerense del Partido Obrero, quien durante la Audiencia presentó el proyecto de ley diciendo: «Un tema central que queremos colocar en la agenda es el de los agrotóxicos y el glifosato (…) el avance enorme de la producción sojera hace que crezca más rápidamente el ritmo del cáncer y enfermedades respiratorias en el campo que en la ciudad (…) el impacto directo del glifosato y los otros agrotóxicos llevan a este salto (…) nosotros con el ingeniero Stebani elaboramos un proyecto presentado que plantea un límite tajante al uso en zonas pobladas y cómo avanzamos a que dejen de usarse directamente los agrotóxicos como el glifosato»1.

El proyecto del que habló Kane fue presentado originalmente en el año 20182 y la única modificación, tras cuatro años, es la incorporación de un nuevo artículo «transicional» que analizaremos más abajo.

¿Reforma o prohibición?

El articulado cuenta con más de 3140 palabras y 51 artículos, pero jamás se mencionan los términos agrotóxico, agroecología, transgénico o glifosato. Esencialmente propone la regulación, no la prohibición del uso de agrotóxicos, aumentando las zonas de restricción de fumigaciones aéreas y terrestres, estableciendo multas al incumplimiento y creando un órgano de control con mayoría del poder político de turno.

Según los fundamentos se busca la protección de la salud humana y los ecosistemas «… optimizando el manejo y utilización de agroquímicos y plaguicidas tratando de evitar la contaminación…»; el «… uso racional de agroquímicos, fertilizantes y otros plaguicidas, tendiente a minimizar los riesgos y los efectos ya comprobados, de los mismos sobre la salud…»; «Regulando y ordenando la aplicación de estos productos, estableciendo zonas de restricción …». (todas las negritas son nuestras).

La equivocada política se vale de mitos del agronegocio para justificarse. Por ejemplo afirma que el daño producido por los agrotóxicos se debería, entre otras, a la «incorrecta aplicación», revalidando el mito de las BPA o Buenas Prácticas Agrarias que le restan responsabilidad a la industria química. Asimismo, repite el mito de la superioridad de los agrotóxicos, afirmando que es «…ineludible su aplicación por parte del productor agropecuario, en tanto son susceptibles de incrementar la producción…».

Lo que llama poderosamente la atención es que el PO cierra su nota sobre la marcha contra Monsanto-Bayer-Syngenta de este año, con la consigna «Basta de agronegocios contaminantes, transgénicos y agrotóxicos»3. Incluso firmaron el documento político de la concentración en el Congreso, donde claramente se expresa: «Queremos la prohibición de todos los agrotóxicos cuyo carácter dañino ya ha sido demostrado, y financiamiento estatal para el desarrollo de prácticas alternativas. Rechazamos este modelo del agronegocio que se basa en tres pilares: sus transgénicos y la siembra directa, la propiedad concentrada de la tierra, y el agua, tierra, aires y alimentos envenenados».

¿Por qué el PO pide por el fin de los agrotóxicos en las marchas y en su web pero no lo hace en la legislatura? ¿Será incoherencia u oportunismo?

Arriba decíamos que la única incorporación al proyecto presentado en 2018 se corresponde a un artículo de «transición», como calificó Kane. Se trata del Artículo 8° que reza «El ejecutivo (…) Promoverá progresivamente el uso de otras formas de agricultura y restricciones progresivas hasta terminar completamente con el uso de productos agrícolas tóxicos…». Por sí mismo el planteo de regular y no prohibir los agrotóxicos es equivocado. Pero PO no abandona allí su posición reformista, sino que delega confianza en el gobierno capitalista para avanzar en el «uso de otras formas de agricultura» y en «restricciones progresivas» a los agrotóxicos, todo ello en un indeterminado futuro.

Drácula cuidando el banco de sangre

Esta ¿ingenua? confianza de PO en el gobierno se eleva a la ridícula potencia cuando el Artículo 4° propone la creación de una «Comisión de Control de la Utilización de Agroquímicos y Plaguicidas» como autoridad de aplicación. Si la ley entrara en vigencia mañana, la composición sería de dos representantes del poder ejecutivo, veintidós por las universidades -a sabiendas que éstas se encuentran dirigidas por una casta privilegiada y vinculada a negocios público/privados- y ocho por los bloques de la Legislatura -de los cuáles seis son de partidos tradicionales-. A su vez, se propone la participación de vecinos de las localidades afectadas y de organizaciones ambientalistas, sin indicar cantidad ni criterios. La ambigüedad de PO deja en manos del gobierno la reglamentación de la participación popular.

No se puede reformar el agronegocio

Hace unos años el PO pasó a ser conocido como la izquierda que defendía la megaminería bajo control obrero4. Aquella penosa posición y éste equivocado proyecto se conectan por el razonamiento productivista de izquierda que ve a los avances tecnológicos del capitalismo como neutrales, cuyo carácter -productivo o destructivo- se lo asignaría la clase social que los dirige. Lo que no tiene en cuenta el PO es que el capitalismo en su fase decadente desarrolla fuerzas destructivas para mantener el régimen de propiedad e impide el desarrollo de las fuerzas productivas (impide la agroecología, las energías limpias y hasta la liberación de patentes). Por lo tanto, una sociedad que aspire a superar al capitalismo debe desmantelar el extractivismo, como matriz de producción innecesaria socialmente y abrir paso una planificada democráticamente en base a las necesidades. Este rumbo implica reemplazar la propiedad y democracia capitalistas por un régimen social de la clase trabajadora y sectores oprimidos.

Una actitud ecosocialista en el parlamento

Ante la catástrofe ecológica actual es necesario un cambio de raíz que demanda la fuerza histórica de una revolución triunfante. El quiebre que necesitamos no se decretará en ninguna legislatura, sino en las calles. Hasta ese momento, la tarea de lxs (eco) socialistas en el parlamento es multiplicar la influencia de las ideas anticapitalistas y revolucionarias, educando en la desconfianza a todas las instituciones de este sistema, desenmascarando su carácter reaccionario. Dos ejemplos de este accionar son el proyecto de ley presentado por nuestra diputada Luciana Echevarría5 que, entre otras medidas, prohíbe agrotóxicos y transgénicos. Y nuestra propuesta de creación de la Comisión de Control de Políticas Ambientales6 depositando nuestra confianza únicamente en el pueblo trabajador organizado, jamás en el Estado capitalista.

Ojalá esta polémica sirva para profundizar el debate en el movimiento socioambiental y para el abandono de las posiciones productivistas en la izquierda.
Para conocer más acerca del ecosocialismo y nuestra estrategia ante la crisis ecológica y climática, te invitamos a sumarte al 1° Foro Socioambiental Internacional el 10 y 11 de septiembre.

1 Discurso completo en el canal de YouTube de Periodismo de Izquierda.
2 Expediente 3330/18-19 de la H. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
3 21M: movilización internacional contra Monsanto. Prensaobrera.com 19-05-22
4 «Polémica en la izquierda. Desechar el productivismo», 05/10/2016 en www.mst.org.ar
5 Emergencia ambiental -Proyecto de Ley N° 31.045 en www.lucianaechevarria.com.ar
6 Proyecto de Ley N° 31.551 en www.lucianaechevarria.com.ar