La crisis desatada por la corrida cambiaria, la negativa de los pulpos sojeros y exportadores para liquidar miles de millones de dólares, las maniobras «non santas» con las importaciones, la sequía en las reservas del Banco Central, los alimentos que producimos a precios internacionales en la góndola del supermercado plantean la necesidad de nacionalizar el comercio exterior.

Escribe: Gustavo Giménez

En nuestro país tenemos el mecanismo contrario, aquí rige el monopolio privado del comercio exterior dominado por un puñado de grandes empresas exportadoras. La década del 90 y su matriz privatizadora «desreguladora» terminó por liquidar una historia del que se ufanaba el viejo peronismo nacionalista, la del IAPI, las juntas reguladoras de cereales o de carnes, los controles a la exportación. Medidas de control de la vieja estructura capitalista argentina, que permitieron, acorde al momento histórico, un desarrollo de la economía y un país con pleno empleo y mejores salarios relativos. La nacionalización del comercio exterior, junto a la del sistema bancario y la ruptura con el FMI, como parte de un programa obrero y popular, son medidas necesarias para obtener las divisas que hacen falta para el desarrollo de nuestra economía y su rediseño al servicio de las necesidades del pueblo trabajador.

Massa y el monopolio privado del comercio exterior

En estos primeros seis meses del año, según la Bolsa de Comercio de Rosario, se registró una entrada de divisas récord al país del agro, entraron U$S 22.000 millones y se proyecta un ingreso total de U$S 40.500 millones para fin de año. Sin embargo, las reservas de libre disponibilidad del Banco Central terminaron con un balance negativo. Los pulpos agro exportadores se sentaron sobre miles de toneladas de soja almacenadas en silo bolsas que representan miles de millones de dólares en exportaciones y favorecieron todo tipo de corridas cambiarias y maniobras especulativas, hasta que super Massa, les dio lo que pretendían, un dólar a medida de $200, el llamado «dólar-soja». ¡Un aumento del 35%! Para que liquiden en este mes una parte de las 21millones de toneladas de soja cosechada y retenida, por unos U$S 5.000 millones.

Este no es sino el capítulo más reciente de una opereta, en la cual los grandes

empresarios del agronegocio y otros rubros de exportación lloran lágrimas de cocodrilo por las ya bajas retenciones que tienen que aportar, y prometen que si le bajan –o le sacan directamente las retenciones como acaba de suceder con la soja- van a producir más y generar más empleos. Lo que nunca sucede porque en general sacan sus utilidades del país, en forma de salida de capitales, inversiones en otras filiales, maniobras de triangulación u otros recursos que incluyen la fuga lisa y llana. Por eso la Argentina es el segundo país del mundo, en relación a su tamaño, con mayores cuentas en paraísos fiscales. Sacaron del país, los grandes empresarios y multinacionales, cerca de un PBI entero.

Las exportaciones agropecuarias son el mayor rubro de exportación del país. A diferencia de otros sectores donde un puñado de empresas monopólicas son exclusivas del sector, como en la industria automotriz, la energía o la minería, en el sector agropecuario conviven miles de explotaciones agrícolas pequeñas y medianas con las grandes empresas del sector. Pese a la diversidad de productores, unas pocas empresas monopólicas concentran los mayores volúmenes de exportación de la campaña agrícola 2021/22. Estas son: la estadounidense Cargill, exportadora de granos y subproductos por 9,7 millones de toneladas (sobre 72,19 millones de toneladas de exportación total); la china COFCO (exporta maíz, trigo, subproductos y aceite de soja) con 9,1 millones; la trasnacional Bunge con 7,5 millones; la estadounidense ADM con 7,4 millones; Viterra de capitales canadienses con 7,2 millones; la francesa LDC con 6,19 millones. Entre las de capital nacional se destacan la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) con 6,4 millones de toneladas, la Aceitera General Deheza con 5,6 millones y Molinos Agro con 3,4 millones, entre otras. (ver cuadro)

Privilegios y maniobras

Las recientes concesiones de Massa para hacerse de dólares en forma expedita benefician a las empresas con mayor volumen, dejando de lado a los pequeños productores que no tienen la capacidad de acopio de estos monstruos de lado. Se favorece así la concentración cada vez más importante. Además, como el «negocio» beneficiado es la soja, se favorece la preminencia de este monocultivo transgrediendo, aún más, todo cuidado ambiental.
Las grandes empresas, entre las que figuraba la nacional Vicentín, son las que compran a menores precios, muchas veces en negro, la producción a los productores más chicos. Tienen puertos privados. Exportan a sola «declaración jurada». En sus propias balanzas tiene ahora un margen de error en el pesado del 4% (antes era del 1%), lo cual significan miles de millones de pesos extras. Como son trasnacionales, suelen tener filiales en otros países con las cuales hacen maniobras de sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones. También se registran casos de contrabando, en especial vía Paraguay.

Pero de todas las maniobras y beneficios, una totalmente legal es la más importante. Declaran un valor de venta a futuro, al momento en que tienen decidido exportar. Esos valores suelen ser menores que los que se cotizan en el momento concreto del embarque por lo que pagan retenciones sobre un precio menor. Encima como el dragado de la hidrovía es muy malo, muchas veces cargan los buques a la mitad hasta el puerto de Montevideo, declarando un valor FOB (de la mercancía ubicada ya sobre el barco sin otros costos) mayor, para luego venderla (a alguna empresa asociada) en Uruguay y con esta maniobra de triangulación obtener un precio más alto, con menores impuestos, más cercano a los valores internacionales.

Como frutilla del postre la enorme mejora del dólar soja, les permitirá dada su escala, importar importantes volúmenes de insumos y otros rubros al barato dólar oficial, haciendo otra gran diferencia.

En el terreno de la energía, podemos mencionar las exportaciones petroleras, también a «declaración jurada» y un modelo basado en el extractivismo contaminante, que deja poco de su saqueo en el país. Las importaciones industriales, al no existir una regulación adecuada, suelen introducir mercancías que pueden producirse en el país, liquidando industrias y puestos de trabajo locales.

El plan estratégico del nuevo ministro, que en estos días lo está discutiendo con el FMI, el Tesoro norteamericano y multinacionales de la energía y las proteínas, es profundizar este modelo. Su objetivo es aumentar las exportaciones a toda costa, dando todo tipo de beneficios a los banqueros y multinacionales, para obtener los dólares que le demanda el Fondo para cumplir las metas y compromisos del pago de la fraudulenta deuda externa argentina.

Una medida hacia un modelo socialista

La nacionalización del comercio exterior, al arrebatarle a las grandes exportadoras el control, permitiría rediseñar este modelo extractivista, al servicio de los monopolios y causante de la miseria de la mayoría de la población trabajadora.

Por ejemplo, a diferencia de otras épocas en que el aumento del precio de los alimentos que exportábamos al mundo se revertían en una mayor inversión en el desarrollo del país, en salarios altos manteniendo baratos los alimentos que producimos; ahora, el gran aumento del precio internacional de los commodities que exportamos, como producto de la invasión rusa a Ucrania, provocan que paguemos la carne y el resto de los alimentos a precios internacionales, cuando nuestros ingresos están en pesos. Los grandes empresarios hacen enormes diferencias y la mayoría comemos cada vez menos y peor. El famoso «asadito» es apenas un recuerdo del pasado.

El gobierno hace acuerdos de precios «cuidados» que, o no se consiguen o suben igualmente mucho en relación a nuestros sueldos. Los empresarios pasan de «remarcar» todos los días, como confeso el dueño de la cadena de supermercados «La Anónima», a desabastecer y especular cuando les conviene hacerlo con esta inflación del 100% anual.
Con la nacionalización del comercio exterior sería el control estatal el que fijaría los precios internos y es el Estado el que determinaría el destino de las divisas que entren al país. Esto le permitiría hacer un diseño de la economía a favor de un desarrollo que privilegie las necesidades de nuestro pueblo.

Por ejemplo, el control del comercio exterior para ser exitoso debe ser acompañado con una política para eliminar el control de los monopolios del agro negocio, en un camino transicional a una profunda reforma agraria. Además, se pueden elevar mucho más las retenciones a los grandes empresarios y beneficiar con todo tipo de créditos y asistencia técnica a los pequeños -la eliminación de la Junta Nacional de Granos fue la responsable de la desaparición de 500.000 productores agrícolas en los 90-. Se puede desarrollar un cambio del actual modelo agrícola y de propiedad de la tierra fomentando el ingreso de miles de agricultores que cambien el actual «desierto verde».

Además se podrá desarrollar un modelo agrícola agro ecológico, descartando el actual paquete tecnológico, basado en transgénicos y químicos contaminantes, que afectan la salud de nuestra población y la productividad futura de nuestros suelos.

Se podrá dirigir parte de las divisas que ingresan al país a fortalecer un modelo de desarrollo industrial, que revierta la matriz cada vez más primarizada que adquiere nuestra economía, empezando por darle un fuerte impulso a la construcción de viviendas populares y obras de infraestructura, que dinamizará toda la industria, generando millones de puestos de trabajo nuevos. Se podrá generar un plan de desarrollo energético que contemple una pronta transición hacia energías limpias no contaminantes, etc.

Los alimentos, la energía, los productos industriales y tecnológicos que produce el país podrán ser consumidos por el conjunto de la población a precios baratos y no a los precios de usura que sufrimos actualmente.

Por eso la nacionalización del comercio exterior que, además, pueda evitar las maniobras de corrupción propias de los funcionarios actuales con el control aduanera y otros mecanismos, deberá tener un control estricto de los trabajadores del sector y del conjunto de la población, es una medida de carácter transicional que va contra el modelo de capitalismo liberal salvaje, tan defendido por los empresarios y la derecha, y ahora aplicado diligentemente por Massa y el resto del Frente de Todos. Para imponerlo, como parte de un programa opuesto por el vértice a la entrega y el ajuste actual, hace falta una enorme movilización popular y una propuesta de gobierno como la que desde el MST en el FITU estamos haciendo para cambiar el país.

La experiencia del Instituto Argentino de Promoción e Intercambio (IAPI)

Fundado el 28 de mayo de 1946 por el presidente Farrell antes de la asunción de Juan Domingo Perón, era parte de un sistema de medidas como la nacionalización de parte del sistema bancario. Obedeció a una necesidad proteccionista de la burguesía argentina luego de la guerra, cuando el capital norteamericano quiso penetrar profundamente en el país. Este organismo que controlaba el comercio exterior separó los precios internos de los internacionales.

Su etapa más importante, según la investigadora del CONICET, Susana Novick, desde su creación en mayo del 46 hasta la modificación de su carta orgánica en setiembre de 1949. El IAPI le permitió al Estado obtener rentas del comercio exterior, permitiendo adquirir bienes de capital. El instituto participó en la nacionalización de servicios como la nacionalización del ferrocarril y en el desarrollo de empresas públicas como YPF, ELMA (la flota del Estado), Fabricaciones Militares, Aerolíneas Argentinas, Gas del Estado.

Además, intervino en la comercialización de cereales que antes estaban en manos privadas de alcance internacional, en especial en el trigo. El Estado establecía los precios de compra al productor y colocaba las cosechas en el mercado internacional. Produjo el congelamiento de los arrendamientos rurales, contribuyó a la creación del Estatuto del peón rural, el aumento de la capacidad de transporte marítimo con bodegas propias. Jugo un rol de regulador en el mercado interno: estableció subsidios a productos de consumo masivo como el pan y la carne, para contrarrestar el alza de precios internacionales, compraba aquellos productos que no encontraban colocación, establecía márgenes de beneficio para el sector industrial, compraba excedentes de producción para luego comercializarlos, adquiría materia prima para que las industrias la procesaran a cuenta del organismo. Dentro de un plan de planificación económica.

Como agente financiero destinó parte de sus recursos al financiamiento de bienes de capital, de diferentes reparticiones públicas incluyendo las provincias. La inversión pública creció achicando la injerencia del capital extranjero, el Estado controlaba entonces la remisión de ganancias al exterior.

Un instrumento como este, controlado por los trabajadores y usuarios, podría ser hoy de gran utilidad para enfrentar a los grandes monopolios y la concentración y extranjerización de la economía. En un país donde el hambre y la desnutrición aumentan cada día de la mano de este modelo económico, el control del comercio exterior en una pieza imprescindible para combatirlos.