Escribe: Cele Fierro
En la semana del 29 de septiembre, cuando se iba a tratar el proyecto de Ley de Humedales, los gobernadores provinciales del NOA y del NEA estaban en una gira por Washington y Nueva York con el objetivo de atraer inversiones y aumentar las exportaciones. La comitiva estaba compuesta por Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gerardo Morales (Jujuy), Jorge Capitanich (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta), Gustavo Valdés (Corrientes) y Regino Amado (vicegobernador de Tucumán), acompañados por el ministro del interior, Eduardo «Wado» de Pedro. Esta visita de los mandatarios provinciales del Norte Grande se complementa con la gira que acaba de realizar el presidente Alberto Fernández por Nueva York y Houston en busca de inversores. Lo mismo ocurrió hace días en el viaje que hizo el súper ministro de economía, Sergio Massa, a Estados Unidos. El mismo tuvo como objetivos presentarse ante los organismos de crédito, es decir arrodillarse ante el Fondo, y también según sus comunicados buscar apoyos para la «estabilización de la economía argentina y fortalecer las reservas a través de más mercados para las exportaciones nacionales e inversiones productivas» entiéndase como más saqueo, contaminación y pérdida de soberanía.
En paralelo y junto a Scioli, los gobernadores Omar Gutiérrez (Neuquén), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Mariano Arcioni (Chubut) y el vicegobernador Ricardo Sastre (Chubut) viajaron a Río de Janeiro con la intención de fomentar los negocios petroleros con capital extranjero en esas provincias y la exportación de potasio para la producción de fertilizantes, dado que Brasil es el segundo importador del mundo. Los depósitos potásicos de la Cuenca Huitriniana (Mendoza y Neuquén), donde se ubica el proyecto Potasio Río Colorado, conforman la cuenca potásica más importante de Latinoamérica y una de las más extensas del mundo. Argentina cuenta también con presencia de potasio en los salares del Altiplano-Puna, distribuidos entre las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca.
Scioli tuitea que «Más integración es más soberanía alimentaria y empleo en nuestras provincias», distinto opinan los pueblos fumigados y las comunidades originarias que desde 1996 sufren los transgénicos, los agrotóxicos, la destrucción de las economías familiares.
¿Por qué tanta resistencia ante una ley que protege los reservorios de agua?
Estas visitas al corazón del imperialismo yanki y a la subpotencia de América Latina, Brasil, son una nueva ofensiva de despojo neocolonial al servicio de la megaminería de litio, el fracking, la exploración offshore y el agronegocio. La orientación de este viaje es clara: conseguir dólares desesperadamente para garantizar la ganancia a los capitalistas y pagar al FMI. El carácter imperialista de la deuda no se restringe al obvio poder del FMI sobre la política argentina, sino que es un componente sistémico de acumulación a escala global. La realización de la ganancia se logra a costa de una continua expansión geográfica del capital, que hoy tiene una nueva presa: el oro blanco, los salares del norte para la extracción del litio.
Las colonias y semicolonias proveen a los centros de poder, y el recurso transversal que el extractivismo requiere es el agua. Nada que envidiarle a la época de la conquista. Este es el motivo que une la carta firmada por todos los gobernadores del norte, desde Washington, para la suspensión y cajoneo de la Ley de Humedales que incorpora en su definición e inventario a los salares. Los terratenientes y CEOs mineros argumentan que ya existe la ley de manejo de fuego y de control de quemas, pero la Ley de Humedales no resta derechos sino por el contrario viene a integrar de manera complementaria, explícita y segura la normativa sobre todas las afectaciones que sufren estos ecosistemas extraordinariamente biodiversos. En síntesis, hablamos lisa y llanamente del control de la vida porque este proceso implica la efectiva ocupación y control de nuestros territorios, la oposición a la Ley de Humedales, las bases militares yankis o la privatización de puertos, ríos, comercio. Son la materialización del abandono completo de nuestra soberanía.
Una avanzada que se lleva de manera simultánea, en unidad, de norte a sur en todo el país, violando el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, que establece que los pueblos indígenas deben ser consultados respecto de cualquier medida legislativa o administrativa que los involucre, y que esto es responsabilidad del Estado. Así mismo avasalla la licencia social de las comunidades, sin consulta previa, sin acceso a la información real, violando el artículo 41 de la Constitución Nacional, el Acuerdo Escazú y la Ley General de Ambiente. Y lo hace con represión mediante como en Río Negro al pueblo Mapuche, Catamarca, Chubut, Córdoba. Hablamos de actividades extractivas que todas están prohibidas en algún lugar del planeta.
Argentina S.A.
La crisis climática es real, si no se reducen los gases de efecto invernadero, la vida en el planeta está cuestionada. Se amontonan los estudios científicos que piden una transición energética para abandonar el mundo fósil y resguardar el único planeta habitable antes que sea demasiado tarde. El litio aparece como el metal más codiciado para este fin, si bien no es un metal escaso (ocupa el puesto 25 entre los elementos más abundantes de la Tierra), se espera que su demanda se triplique para 2025 a partir de su uso en la fabricación de baterías, tanto para celulares como para vehículos eléctricos, así como en el almacenamiento de energías renovables. Argentina ocupa un lugar de privilegio en este escenario ya que, junto a Bolivia y Chile, tiene las reservas más grandes de litio del planeta. El país posee el 20% de los yacimientos de litio del mundo, ubicados en las provincias de Salta, Catamarca y Jujuy.
Son falsas promesas que el gobierno quiera usar el litio para la transición energética, por el contrario el mismo está atado al régimen de las leyes mineras de los 90, un modelo basado en el saqueo de las multinacionales donde las provincias de la mano de nación entregan nuestros minerales, agua, tierra garantizando la seguridad jurídica para las corporaciones que dejan pocas regalías y una catástrofe social, ambiental y económica. Los viajes de los jerarcas provinciales tuvieron ese objetivo: ofrecer Argentina como un país amigable, barato, seguro y libre para expoliación a cambio de un par de dólares. Catamarca es una de las provincias capitales de la megaminería, asediada por la misma hace casi tres décadas. Los resultados la ubican cuarta en pobreza e indigencia entre 31 conglomerados de todo el país, según el informe de la última Encuesta Permanente de Hogares, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Son pobres 91.789 personas del conjunto que comprende los departamentos Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú, en tanto que son indigentes 17.867 personas del mismo conglomerado. La misma suerte corre San Juan y los pueblos precordilleranos. Entonces nos preguntamos: ¿esta es la mejor alternativa posible?, ¿es esta una opción que prioriza realmente los intereses de las mayorías, que nos inserta en una senda de menos dependencia y mayor equidad y democracia? Creemos que cualquier fórmula que consigne los intereses externos como finalidad y principio vector, implica un rumbo que solo significa la consumación de un nuevo ciclo de despojo.
Nos oponemos categóricamente al saqueo neocolonial de estos piratas internacionales y vamos a impulsar la movilización para frenar los proyectos que atenten contra nuestra tierra y vida.
El litio, al igual que otros elementos, puede tener un rol importante en materia de transición energética, pero en el marco de una política integral, alejada de la voracidad capitalista. Si no hay planificación económica, sin la participación democrática de las comunidades, sin control y regulación del pueblo, el litio no se toca.
