Verano caliente. Apenas arrancó el mes de febrero y la dinámica de la situación política está teñida por la disputa electoral. Aunque para las presidenciales todavía faltan algunos meses, es evidente que se lanzó el año electoral. Todas las declaraciones y movimientos políticos de los partidos del régimen aparecen con ese telón de fondo. En ese marco se inscribe el juicio político a la Corte, que, más que una decisión de avanzar contra esta justicia al servicio de las corporaciones, aparece como una puesta en escena de campaña. También las peleas internas que crecen en las principales coaliciones se dan en ese marco, no se trata de grandes debates de proyectos o estrategias. Sin embargo, el contexto general de la situación lo sigue marcando por un lado, la profunda crisis económica y social, y por el otro el camino de ajuste que impulsa el gobierno de Alberto, Cristina y Massa.
El negacionismo presidencial. En una reciente entrevista, Alberto Fernández dijo que «no encontraba» el ajuste que se le atribuía. Estas declaraciones siguen la tónica de la «inflación autopercibida» y, además de un gran cinismo, muestran un profundo alejamiento de la realidad que vive la mayoría del pueblo trabajador. Según el relevamiento semanal que realiza la consultora Analytica sobre el llamado gasto público «en la tercera semana de enero hubo una caída del 18,3% real respecto al igual período de diciembre y de 31,1% en comparación a un año atrás». Ya en el último semestre del 2022 hubo un recorte del gasto del 10%. Tanto es así que el 2022 culminó con un déficit fiscal del 2,4% del PBI, incluso por debajo del 2,5% pactado con el FMI. Las jubilaciones, pensiones y programas sociales fueron las partidas más afectadas. Por otra parte, el presupuesto 2023 es claramente un presupuesto de ajuste, como fue analizado anteriormente desde estas páginas. En ese contexto el gobierno ejecutó la suspensión (con el objetivo de dar de baja) de más de 150 mil beneficiarios de programas sociales. A esto hay que sumar los aumentos en las tarifas y una inflación que sigue devorando el poder adquisitivo de los salarios, que en los últimos 7 años ya llevan perdido el 30% de su valor real. Como si fuera poco, el techo del 60% que el gobierno pretende colocar a las paritarias es una muestra más del ajuste que Alberto no ve, pero que el pueblo trabajador sufre cotidianamente.
Concesiones para las corporaciones. Por supuesto, el ajuste del gobierno nacional (y de los provinciales) recae sobre los sectores populares. Para los grupos concentrados de la economía, en cambio, hay cada vez más concesiones políticas y económicas. El nombramiento de Antonio Aracre como nuevo jefe asesores responde a esta política. Este personaje, CEO de Syngenta durante más de 12 años, dice que viene a discutir y consensuar un «modelo productivo»; no es difícil imaginar quiénes serían los ganadores del mismo. Entre las económicas están las medidas otorgadas a las patronales agrarias, que ya venían de ser beneficiadas por el dólar soja 1 y 2, mientras ya se habla de una tercera edición. También el plan de Precios Justos 2 significa concesiones a las grandes empresas alimenticias, aún cuando han tenido en los últimos años ganancias extraordinarias al ritmo de la remarcación permanente. No se puede dejar de mencionar tampoco la condonación a las empresas privadas de energía de una deuda de $140 mil millones.
El plan Massa en problemas y el Fondo exige más. Pese al estrago social que está produciendo el plan de Massa y el FMI, con una pobreza que llega al 40% y tiende a aumentar al ritmo de la inflación y el ajuste, el gobierno sigue atado al cumplimiento del acuerdo con el organismo. Sin embargo, las perspectivas no son muy alentadoras para la economía: ya se anuncia que el crecimiento sería menor que el pronosticado y a esto hay que sumar las consecuencias de la sequía, por la cual se estima que podrían dejar de percibirse cera de U$D 15 mil millones. Todo esto en el marco de vencimientos importantes de deuda, tanto en dólares como en pesos (que se han transformado en una verdadera bomba de tiempo). Tampoco logran controlar la inflación, a pesar de los acuerdos de precios, que, por el contrario, sigue alimentándose de los aumentos de tarifas y la devaluación.
Se profundizan los choques internos. El resurgimiento de las disputas intestinas dentro del Frente de Todos está ligado a esta situación, previendo un panorama electoral complicado para el oficialismo. Sabiendo que el gobierno está jugado a cumplir con el Fondo y en el marco económico descrito, el ajuste probablemente sea mayor y con pocas posibilidades de mostrar resultados que permitan pensar en un triunfo electoral. En ese marco finalmente Alberto aceptó la conformación de una mesa política del FdT pero solo para discutir candidaturas y estrategia electoral, nada sobre la marcha del gobierno. Convocatoria que está lejos de calmar las aguas. En ese cuadro, el kirchnerismo parece decidido a concentrar sus esfuerzos en la provincia de Buenos Aires, apostando seguramente a que el caudal de votos de esta zona (que representa el 40% del padrón electoral) si no es suficiente para alcanzar el triunfo nacional, al menos sirva para sostener un lugar desde donde poder acumular algo de poder (y, de paso, hacer caja).
Las peleas internas también sacuden a la oposición de derecha. La batalla dentro del Juntos por el Cambio entre Bullrich y Larreta sigue creciendo y produciendo tormentas, como sucedió con las declaraciones de Arrieto. Las candidaturas, pero también cómo evitar perder espacio por derecha con los liberfachos parece estar en el centro de las disputas. También en este espacio se está conformando una mesa política nacional para intentar canalizar y evitar rupturas en varias provincias que tienen elecciones anticipadas. Ni Milei se salva del fuego amigo. La pelea con Maslatón es un capítulo más de una serie de denuncias sobre autoritarismo y personalismo que se vienen sucediendo hace tiempo en su espacio, que además viene tejiendo alianzas provinciales con lo peor de la «casta política» y herederos de la dictadura.
Terminar con este modelo decadente. Con más o menos matices, el conjunto del régimen sostiene el acuerdo con el FMI y una política que ataca al pueblo trabajador para beneficiar a las patronales y a la banca. Sin dar vuelta toda esta situación no es posible una salida a la crisis en favor de la clase trabajadora y los sectores populares. Enfrentar el plan de ajuste es la primera tarea que hoy tiene a la Unidad Piquetera a la vanguardia y varias luchas salariales. Seguramente la lucha del movimiento obrero por aumentos de salarios, paritarias sin techo y condiciones laborales, se incrementará al calor del ajuste. Unificar todas estas peleas es indispensable para poder ganar. Al mismo tiempo al calor de estas luchas es necesario fortalecer el MST y el Frente de Izquierda Unidad para abrir un camino en la perspectiva de terminar con todas las variantes partidarias que sostienen este modelo capitalista que conduce a la miseria y la destrucción ambiental a la inmensa mayoría para sostener las ganancias de un puñado de capitalistas. La pelea por romper con el FMI como parte de un programa obrero y popular no sólo es posible, sino imprescindible.
