No fueron los incendios, fue la desinversión. En su discurso de apertura de sesiones legislativas, el presidente Alberto Fernández anunció, sin ponerse colorado, que “la Argentina es la energía que necesita el mundo”. A las pocas horas, le llegó un bumerán a esa declaración: décadas de desinversión en el sector disfrazadas de “incendio” provocaron que 20 millones de personas estén privados de electricidad. En consecuencia se frenaron los subtes y trenes, la gente quedó atrapada en ascensores, lo que sumado a la novena ola de calor que va del año, con una sensación térmica de casi 40°, empeoró las vidas de millones de trabajadores. Ante el colapso, la central nuclear Atucha I quedó fuera de servicio.

El gobierno no es víctima, es responsable. El gobierno centró su explicación en que fue un boicot. El ministro de Economía, Sergio Massa (gran amigo de las privatizadas), presentó una denuncia judicial para que se investigue a los responsables del supuesto incendio intencional. Lo que realmente hay que investigar y denunciar es la responsabilidad política de los actuales y anteriores gobiernos de mantener el sistema de privatizaciones tanto en las generadoras como en las distribuidoras de energía, que se llenaron los bolsillos con subsidios del Estado y no invirtieron un peso en infraestructura ni en mantenimiento, cobrando tarifas altísimas para un mal servicio. El apagón dejó expuesta la vulnerabilidad de un sistema de transporte eléctrico jaqueado por un problema estructural que no es nuevo: las privatizadas, la negligencia política y la crisis climática.

Tarifazos, privatizadas y apagones, el cóctel del ajuste. El FMI le impuso al gobierno el recorte de subsidios, que alimenta el descontrol inflacionario e impacta en los hogares populares. Al tarifazo de febrero, que alcanzó el 36%, ahora se suman los del mes de abril y junio que en promedio llegarían al 60%. Luego del último apagón eléctrico -que afectó a 200 mil usuarios en el mes de febrero- el Gobierno multó por $1.000 millones a Edesur, pero acababa de perdonarle una deuda 66 veces mayor. A los vecinos que se movilizan por la falta de servicio se les responde con palos y represión, a las empresas que estafan al pueblo, se las rescata.

Crisis energética, crisis climática. Las olas de calor empiezan a ser recurrentes en nuestro país. La deforestación del bosque y monte nativo, los incendios en los Esteros del Iberá y en el Delta, la desprotección sobre los principales ecosistemas que son aliados para mitigar la crisis climática, los humedales y la orientación petro dependiente irracional alimentan nuevos récords de temperatura y sequía. Producto de la matriz energética a base de hidrocarburos y el aumento de CO2 en la atmósfera, el capitalismo ha convertido nuestro planeta en un gran invernadero. Científicos en todo el planeta alertan sobre la necesidad urgente de reducir los gases de efecto invernadero, dejar el petróleo donde está e iniciar una transición energética, porque la vida como la conocemos está cuestionada. Sin embargo, el presidente enfatizó en su discurso que el gobierno se pone como objetivo romper nuevos récords de producción de gas y petróleo, ya sea con las offshore, por Vaca Muerta o vía la apertura del gasoducto Néstor Kirchner. A esta orientación criminal hay que sumarle la falsa transición verde en el sector minero con el litio

Las privatizadas vs los privados de energía. La única salida es la estatización de la energía, el agua, el transporte y los residuos. Con la misma fuerza que defendemos la educación pública como un derecho social, tenemos que pelear para que los servicios públicos dejen de estar bajo la lógica de lo privado. El carácter público de los servicios nos garantiza mayor eficiencia, menor costo y acceso para todos. Al privado solo le interesa la ganancia, por ende al sector social y geográfico que no le es rentable, no le garantiza el servicio o le suministra un servicio precario, esto lo vimos durante la pandemia donde el agua, el internet o el transporte no llegaba a las villas y barriadas populares.

La eficiencia solo es posible con nacionalización y participación social. El modelo Milei de privatizadas ya fracasó, las ganancias no pueden estar por encima de la salud y el acceso digno para todos. Por eso es clave que la recuperación de los servicios públicos sea con participación y control de usuarios y trabajadores, única garantía para tener un servicio universal, económico y de calidad. No nos confundamos con las falsas nacionalizaciones que llevó adelante el PJ como fueron las AFJP, YPF y Aerolíneas Argentinas. Decimos que los servicios tienen que ser 100% estatales, sin capitales privados, sin trampas con Sociedades Anónimas, sin indemnización a quienes amasaron fortunas brindando el peor servicio y siempre con control popular. Que se estatice un servicio pero bajo la órbita de la clase política patronal argentina es sinónimo de negocio, corrupción, enriquecimiento y mercantilización.

El futuro colapso ya llegó, hay que dar vuelta todo. El gobierno actúa en consecuencia de la clase social que representa. Sabe que la única manera de encarar la transición energética es sobre la base de atacar los intereses del poder económico concentrado, es decir, bajo un proyecto anticapitalista. Para empezar hay que expropiar las principales corporaciones de gas, petróleo y carbón. La producción de estos insumos no puede estar en manos de contaminadores, ni corporaciones que se organizan por su ganancia. Hay que diversificar la matriz energética nacional, invirtiendo y dándole lugar a la producción de energías limpias. Los vectores solar, eólico y mareomotriz, aparte de tener un potencial ilimitado de abastecimiento, demandarían una gran cantidad de mano de obra. Esto debe ser acompañado por una planificación democrática de la producción sobre la base de las necesidades sociales reales y no bajo la anarquía de producción que genera la ganancia, ni la distorsión de consumo como efecto de la publicidad. Ninguna de estas iniciativas tiene limitantes técnicas que las impidan, su aplicación para la transición energética dependen únicamente de la voluntad política de los que gobiernan.