En la madrugada del 3 de marzo una balacera más en Rosario volvió a visibilizar el tema de la violencia en la ciudad más importante de la provincia de Santa Fe y una de las más importantes del país. El atentado, otro de una larga lista, tuvo repercusión nacional por haber sido contra uno de los supermercados propiedad de la familia de Antonella Rocuzzo, esposa de Messi. Pero se trata de hechos cotidianos, no sólo balaceras contra establecimientos comerciales o sociales, sino hechos que tienen un altísimo costo en vidas humanas, sobre todo entre los jóvenes de los sectores más humildes de la población rosarina.

Escribe: Carlos Carcione

El hecho en el supermercado de la familia de Messi visibiliza e instala en la agenda pública nacional una escalada de violencia provocada en la disputa por el control del narcomenudeo y del tráfico en general. Pero hay que incluir en este ambiente de violencia y crimen el manejo de todos los negocios ilegales y por lo tanto de mayor tasa de ganancia, muy por encima del promedio del rendimiento económico.

El narcotráfico es uno de estos negocios, quizás el más importante y violento, pero no el único. Hay rastros que nunca se siguen en la investigación de la violencia: la ruta del dinero del tráfico, por ejemplo. Está probado que esa ruta involucra la complicidad de las fuerzas de seguridad, de la política y del mundo empresario. Por eso mismo todos los caminos para el desmantelamiento de estos negocios están cerrados a cal y canto. Es el sistema, que funciona aceitado por las ganancias del narco y de los otros negocios como el contrabando y el lavado, que financia a políticos, a la estructura policial y de las fuerzas de seguridad y una parte del empresariado sobre todo del sector inmobiliario y financiero.

Hidrovía, puertos y narcotráfico

La privatización del tránsito de grandes embarcaciones por el río Paraná en la llamada Hidrovía, y de los puertos, obligada parada de esas embarcaciones, abrió paso en la última década a una nueva ruta de salida de droga hacia Europa, gran parte de la cual viajaba hasta la primera década de este siglo por el puerto de São Paulo o de Río de Janeiro. Por su parte la privatización de los puertos en la rivera rosarina (los de más volumen de carga de las exportaciones e importaciones del país) facilitó no solamente el ingreso de los estupefacientes que hoy trafican Los Monos, sino que lubricó la exportación fraudulenta de granos y productos del agronegocio, que representan el 70% de las exportaciones argentinas. La investigación sobre la estafa armada por Vicentín contra el Banco Nación desnudó a su vez el circuito de contrabando de exportaciones de granos de la empresa para eludir retenciones y otros impuestos, es de suponer que no es la única empresa que realiza estas maniobras. Quedó entonces a la vista que, por medio de la instalación de una oficina en Asunción y otra en Montevideo donde solo contaba con un par de empleados, lograron por ejemplo registrar enormes volúmenes de exportación ficticia desde Paraguay que siempre salieron por el puerto de Rosario, que “casualmente” también es administrado por Vicentín. Según destacan investigaciones periodísticas y académicas, el control mafioso de los puertos, por su parte, le garantiza al narcotráfico la droga necesaria para la distribución interior. En tanto, el dinero en negro generado por el narco es blanqueado por empresarios inmobiliarios en la construcción de edificios que no son vendidos ni alquilados y permanecen vacíos. Lo mismo que la ganancia que deja el juego clandestino y la trata, o el último negocio ilegal que empezó a extenderse y que también genera violencia, el cobro por la seguridad de cadenas de restaurantes y otros comercios.

Por su parte según destacan investigaciones periodísticas y académicas independientes, la justicia y el sistema de prisiones hacen su parte en el negocio. Entonces, la política tradicional, justicia, empresarios y fuerzas policiales y de seguridad reciben su tajada cumpliendo su rol de protección de esta economía criminal.

Los nombres de la impunidad

A pesar del pedido de desafuero del Senador Armando Traferri por algunos fiscales muy respetados, este trámite no solamente fue rechazado por el Senado Provincial, también la Corte Suprema de Justicia de la provincia resolvió que el fuero del senador es absoluto, no cuestionable, por más evidencias que justifiquen una investigación. Traferri es la punta del iceberg de la trama de impunidad; es conocida su relación con el gobernador Perotti, su participación en la selección de jueces y fiscales, su influencia determinante en la decisión del nombramiento y protección de las autoridades policiales, su relación estrecha con grandes empresarios de los principales negocios asociados a los puertos, a los narcos, a los negocios inmobiliarios, a las finanzas, en fin, al circuito del lavado. Es senador provincial del Departamento San Lorenzo desde 2003, es decir, lleva ya 20 años edificando poder provincial, y antes fue concejal e intendente de esa localidad que alberga a la industria aceitera, principal exportadora del país. Traferri construyó el armado político que llevó a la gobernación a Omar Perotti en una alianza que colocó como vice gobernadora a Alejandra Rodenas y con las líneas internas del peronismo comandadas en ese momento por María Eugenia Bielsa y Agustín Rossi. En la actualidad es el jefe del bloque de senadores del peronismo en la provincia. Pero no es solo el peronismo el que apañó y apaña a Traferri, también los senadores de la UCR y del socialismo votaron en conjunto protegiéndolo con la mayoría del PJ cuando fue pedido su desafuero. Incluso votaron juntos una nueva ley, la 13.807, que asignó al Senado el control disciplinario de los fiscales que funciona como una espada de Damocles sobre estos.

El caso de la justicia provincial es similar. La complicidad empieza por la cabeza. La Corte Suprema de la provincia rechazó un pedido de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, que solicitaron que el máximo tribunal anulara la votación del senado que le daba protección absoluta a Traferri, pero además obstaculizó el trámite que estos fiscales querían elevar a la Corte Suprema de la Nación. Sin embargo, por la contaminación de la justicia en la trama hay otros fiscales que forman parte de este entramado de protección a los crímenes como por ejemplo el exjefe de Fiscales Patricio Serjal y el exfiscal Gustavo Ponce Asahad, hoy en prisión y que rompieron su lazo con Traferri cuando este les soltó la mano y lo denunciaron para intentar una negociación, mientras que todas las investigaciones periodísticas serias señalan al Presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutierrez, como hombre de Traferri y pieza clave de la estructura montada por el Senador.

En lo que hace a las fuerzas policiales no se trata del involucramiento en estos negocios criminales de algunos policías corruptos individualmente, por el contrario, toda la fuerza está comprometida desde las principales jefaturas. Están detenidos, por ejemplo, el exjefe de la Policía de Santa Fe, Jorge Luís Amaya, el exjefe de Drogas Peligrosas Gustavo Spoletti, el exjefe de la División Judiciales, Luis Quebertoque, todos enlazados con los narcos por el expolicía Cristian Di Franco. Sin embargo, en la pirámide que lleva a los Jefes, centenares de agentes de distintos niveles participan necesariamente del negocio. Desde la recaudación de las cuotas de los “kioscos” en los barrios, hasta la inteligencia sobre los objetivos de la violencia, la liberación de zonas y la pasividad u obstrucción a la hora de investigar o perseguir los crímenes. Sin dudas se puede afirmar que las fuerzas están involucradas como cuerpo.

Los narcos locales, la banda de los Cantero, Los Monos, antiguos cuatreros de caballos, son el sector más violento y visible de este entramado. Cobran en merca por el tránsito hacia Europa de la droga por las aguas con jurisdicción en Santa Fe, pero ampliaron su negocio a otras ramas. En acuerdo con la política, las fuerzas policiales detuvieron los enfrentamientos entre las dos principales barras bravas del fútbol local al asignarles una parte de la reventa de cocaína a cada una. Pero con sus jefes principales presos, sobre todo Guille Cantero, aunque siguen controlando el negocio desde la cárcel, la conservación de los territorios se vuelve cada vez más violenta. De toda esta violencia pagan el precio los sectores más jóvenes y vulnerables de la sociedad, además de extenderse el número de víctimas a simples vecinos sin relación con el tráfico. Últimamente se han comenzado a producir asesinatos al voleo para enviarse mensajes entre bandas narcos rivales, como el del artista callejero y bajista de punk rock Lorenzo “Jimi” Altamirano fusilado a las puertas del Estadio de Newell’s Old Boys con un mensaje escrito entre sus ropas dirigido a Los Monos. Está claro que Jimi no tenía ninguna relación con el narco. Después de este asesinato la violencia y este tipo de mensajes fue aumentando.

Toda esta trama se completa con la ruta del dinero, es la respuesta clave sobre el funcionamiento del negocio. ¿Adónde va el dinero de los narcos? ¿Cómo se blanquea esa plata en negro? ¿Cómo se convierte en “capital” ese dinero manchado de sangre? Pero, aunque pretendan que este sea el secreto mejor guardado, se han identificado algunos sectores claves del blanqueo. Y aunque estas investigaciones no lleguen en su mayoría a los juzgados por la protección de la política y la justicia para que no se sepa hasta donde llega la plata negra. Sin embargo, hay casos que desnudaron el recorrido: financieras, cuevas de cambio de divisas, e inversores en emprendimientos inmobiliarios. Todo apoyado en testaferros dispuestos a hacer una jugosa comisión por mover el dinero del crimen. Provenga este de donde provenga, del narco o del juego clandestino, de la trata o de la violencia. Un caso emblemático fue el del excorredor de fórmula uno, exconcejal y empresario de Rosario, Poppy Larrauri que hacía de testaferro para un emprendimiento inmobiliario en Funes para el que ponía el dinero Leonardo Peiti, “empresario” del juego clandestino. Lo mismo sucede con la participación del contador Gustavo Shanahan que fue un empresario “prestigioso”, protagonista de la actividad económica rosarina a través de sociedades y empresas con las que participó en actividades financieras e inmobiliarias y, de modo notable, en Terminal Puerto Rosario, la concesionaria que utilizó el puerto local para lavar dinero proveniente del narco, no solo del país sino también internacional.

Receta fracasada y maniobra electoral

La semana anterior a la balacera contra el supermercado de la familia Rocuzzo, visitó Rosario Patricia Bullrich. La exministra de seguridad de Mauricio Macri y admiradora de la mano dura indiscriminada aprovechó para despacharse con su propuesta. Omitiendo que su fuerza y el frente que están formando en Santa Fe también gobernó y es cómplice del crecimiento de la violencia, dio su receta clásica, más fuerzas federales para la represión contra el narcomenudeo sin tocar ninguna de las causas de fondo. Ni la complicidad con la política, la justicia y las empresas. El colmo del intento de aprovechamiento electoral fue el de Amalia Granata del mismo espacio que Bullrich que apareció en directo en el sitio donde se produjo la balacera disfrazada con un supuesto chaleco antibalas. Fue repudiada por los vecinos. El tono de estas presentaciones solo buscó impactar en la necesidad de la población de que se detenga la violencia en las barriadas. Pero sin proponer nada nuevo.
El ministro de seguridad actual, Aníbal Fernández, que ya mando fuerzas federales, más de 1000 gendarmes, solo declaró como si fuera un comentarista deportivo, afirmó sin vergüenza que el narco ya había ganado, el responsable del asesinato de Kosteki y Santillán en 2002 tampoco hizo ninguna propuesta que atacará los problemas de fondo. Mientras tanto la posibilista Ciudad Futura que está negociando participar en las Paso provinciales del Frente de Todos en Rosario, solo atinó a pedir un gobierno de todas las fuerzas políticas, sin denunciar que son responsables del desmadre de la situación, y alguna política social insuficiente y parcial.

A todo esto, se suma el acuerdo del presidente Alberto Fernández, el Gobernador Perotti y el Intendente Javkin, en el mismo sentido de aumentar fuerzas policiales y ahora también militares en los barrios.
En síntesis, la misma receta fracasada que deja en pie la trama mafiosa que protege y se beneficia del narco, a la policía, la vieja política y la justicia cómplices.

La propuesta de la izquierda frente a la violencia narco

La respuesta de los partidos del sistema ya fracasó. Y lo hizo porque el criterio que ordena la política del capital es reprimir al último eslabón del negocio: el narcomenudeo. Pero deja intacta la trama de protección policial, judicial, política y empresarial. De vez en cuando y para que aparezca en los medios, se desmantelan algunos kioscos que trafican en los barrios, detienen o asesinan a algunos pequeños traficantes o “soldaditos”. Pero todo vuelve a comenzar.

Es que a las causas que explicamos antes hay que sumarle la desigualdad social y la marginación de adolescentes y jóvenes de los barrios populares. Escuelas destruidas, clubes desmantelados, represión indiscriminada de sus expresiones culturales y ausencia de salidas laborales dignas empujan al sector más desprotegido de la sociedad. Pero el negocio no lo manejan los “soldaditos” o los dealers barriales. Los capos, la jerarquía policial, la política, la justicia y los empresarios que blanquean son los responsables de fondo. Para desmantelar este círculo de tráfico, violencia y lavado es necesario atacar ese núcleo de la trama de complicidad y desarrollar un plan integral.

1. Un plan para la juventud de los barrios
Como primera medida de emergencia proponemos aplicar un plan de shock de reinserción social para la juventud, con becas y programas de primer empleo sin precarización, con salarios y condiciones dignas. Con fortalecimiento y ampliación de los clubes de barrio y acceso y estímulo a la cultura juvenil. Esta política permitiría rescatar de la marginalidad a cientos de miles de pibes e implicaría un rápido y genuino desaliento a la variante del narcomenudeo.

2. Auto organización ciudadana
Nadie mejor que los mismos vecinos y vecinas para saber qué tipos de delito proliferan en sus barrios, en dónde están, cómo prevenirlos y combatir a sus responsables. Por eso proponemos la organización comunitaria para implementar medidas de prevención y autodefensa: sistemas de alarmas y cámaras, grupos de WhatsApp, rondines de control y otras. En algunos barrios ya se está haciendo, incluso con pasacalles de alerta a los delincuentes.

3. Seguir la ruta del dinero y construir otro modelo económico
Desmontar los negocios negros, el lavado y expropiar a los que se enriquecen con el narcotráfico y recuperar los Puertos e Hidrovía son pasos indispensables del ataque a las bandas. La recuperación del manejo de los puertos por parte del Estado con control social y del curso del Paraná con plena soberanía son una necesidad. El no pago de la deuda y el repudio del FMI, permitiría revertir el ajuste. Y gravar con altos impuestos a las grandes fortunas, corporaciones y bancos, facilitaría implementar el plan integral que hace falta.

4. Basta de privilegios de los políticos
Hay que terminar con los privilegios de todos los funcionarios políticos: rebajar sus sueldos, obligatoriedad de educar a sus hijos en la escuela pública y atenderse en el hospital público. Pero también revocar sus cargos si incumplen sus deberes y embargar sus bienes hasta restituir lo robado o el dinero lavado. Y específicamente eliminar los fueros absolutos que protegen a delincuentes como el Senador Traferri.

5. Democratización real del sistema judicial
La reforma de Alberto no incluye ni una sola medida para hacer una justicia independiente del poder político. Para lograr una verdadera democratización no van más los Consejos de la Magistratura, en donde el poder pacta, por el contrario: a) derecho de elegir y revocar los jueces y fiscales por voto universal, con mandatos limitados; y b) disponer los juicios por jurados populares para todo delito.

6. Disolver la policía y demás aparatos represivos
No van las reformas, sino un cambio de raíz: a esta policía, tal como a las fuerzas de seguridad hay que disolverlas. No traen ninguna “seguridad”, ni “cuidan las fronteras”: en el caso del narco actúan como fuerza de recaudación y encubrimiento del delito narco y otros y para la represión de la juventud y el pueblo pobre y los trabajadores. Entonces habrá que construir nuevas estructuras de vigilancia y seguridad, distintas por completo a las actuales, de carácter esencialmente preventivo y no represivo y con participación y control social.

7. Legalización
El narcotráfico, sus ganancias, su violencia y el peligro para la salud que representa, se apoya en la clandestinidad. La legalización en manos del estado y con una regulación controlada por comisiones de especialistas de las universidades y de los ciudadanos interesados eliminaría de raíz la causa directa de la violencia y facilitaría el seguimiento y prevención para los que lo necesiten, hasta países como Canadá que nada tienen de izquierdista están dando pasos en esta dirección.