Escribe: Orlando Restivo, Dirigente de CICOP y Alternativa Salud
Un nuevo ataque a dirigentes sindicales está ocurriendo en estos días por parte de la Justicia de CABA —la justicia de Larreta—. Encubierto bajo la figura de “Obstrucción de la vía pública” se pretende cercenar un derecho democrático elemental: el derecho a la protesta, a los reclamos gremiales, a defender los derechos de lxs trabajadorxs.
En un oficio judicial que invoca la contravención a la ley 1479 art. 89 firmado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a cargo del fiscal en 1era instancia Federico Luis Tropea, se imputa a trabajadores y referentes de varias organizaciones que el 23 de noviembre de 2022 realizaron una movilización y acto frente al Ministerio de Salud de la Nación con más de 1000 trabajadores que reclamaban legítimamente aumento salarial y paritarias. Las dirigentes Norma Lezana de la APyT del Garrahan, Mirtha Jaime (CICOP Posadas) y Graciela Flamma (STS Posadas), Luisa Perez (ATE Junta interna Garrahan) entre otros han sido intimados por la fiscalía a presentar descargo sumarial.
Es un despropósito antidemocrático de la justicia de Larreta —el mismo que niega la inclusión de enfermería en la carrera profesional ley 6035— pretender homologar a un delito o contravención una justa protesta. Por otra parte también es responsable el gobierno nacional, ya que ese día, durante esa movilización y acto, dichos dirigentes fueron recibidos por el funcionario ministerial Alejandro Collia y los nombres de estos compañeros/as fueron suministrados a la fiscalía por ese ministerio y su guardia pretoriana policial. Curiosamente, esa movilización se llevó a cabo como parte de un plan de lucha conjunto que coordinó la pelea de ambos hospitales con CICOP, la ALE y residentes de CABA, justamente porque el gobierno nacional se negaba a aumentar los salarios de los trabajadores de los hospitales nacionales como son el Posadas y el Garrahan entre otros reclamos de conjunto. Sin duda en la precarización laboral igual que en la represión a la protesta no hay ninguna grieta.
Igual que hace Morales en Jujuy con la represión y la criminalización de la protesta social y gremial y también en el caso de la persecución a los trabajadores del SUTNA, se pretende acallar las voces de los que luchan por reclamos legítimos y justos.
El ajuste que hoy lleva adelante el gobierno nacional, aplicando la receta del FMI mediante la política económica del ministro candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa y que sin duda llevará adelante el próximo gobierno -gane quien gane- no pasa sin represión y tenemos que estar en alerta los que luchamos para defender a los dirigentes del Posadas y del Garrahan de cualquier ataque a las libertades democráticas y al derecho a la protesta.
Desde Alternativa Salud repudiamos enérgicamente esta maniobra persecutoria y llamamos a organizarnos para defender a estos compañeros y cualquier otro ámbito de salud o de la lucha gremial que sea atacado con pretextos jurídicos o de cualquier tipo. Nos ponemos a disposición de las y los compañeros para enfrentar este atropello. Se consensuó entre las organizaciones y personas judicializadas una campaña común para lograr el cierre de la causa.
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