Gobierno nacional y provincial contra la docencia
En medio de fuertes luchas docentes en 9 provincias, desde un seminario educativo del MERCOSUR, los responsables de garantizar la educación como derecho social de nuestro pueblo -el ministro nacional, Sileoni y su par provincial, Nora de Lucía- culparon a los docentes por la crisis educativa.
De Lucía acusa de “poner de rehenes a los chicos” y exige “que los docentes estén en las aulas dando clases”. Mientras Sileoni critica que no haya “otras medidas que no sean el paro y sean más defensoras de la escuela pública…” (¿!).
En el Consejo Federal de Educación reunido el lunes 18 en la ex ESMA y ante sus pares provinciales, Sileoni reiteró su postura de desligarse de toda responsabilidad ante un conflicto educativo creciente desde el 2003. Sin ponerse colorado dijo que lo “crónico del paro y su permanencia no tienen que ver con el estado salarial de la Argentina…”. Si no es por los bajísimos salarios, ¿con qué tiene que ver, señor ministro? ¿Cree que los docentes paran por gusto? ¿Y se arriesgan a los descuentos y la condena oficial por otra cosa que un salario para poder educar?
Sileoni quiere justificar lo injustificable: que un docente podría vivir con su familia, capacitarse y enseñar con $ 3.200 en casi todo el 2013 y con $ 3.400 desde el 2014 como fijó por decreto en la paritaria nacional, manteniendo incluso congelado el Incentivo en apenas $ 255 desde el 2012.
Atacan derecho de huelga y avalan descuentos
Ante el rechazo de estatales y docentes, De Lucía insta a “reflexionar” y pretende instalar una falacia: “acá hay dos derechos en pugna: uno tiene que ver con un reclamo salarial y el otro con el derecho de los chicos a tener clases, a educarse…”.
Lo mismo dice Sileoni: “nosotros abogamos por no poner nada por sobre el derecho de los pibes a aprender”. Y un aliado K, el gobernador de Neuquén, impulsa un plebiscito para fijar que el derecho a educarse está sobre el derecho de huelga. Enfrentando a la docencia con la comunidad para prohibir los paros.
Scioli resaltó esa iniciativa neuquina, proponiendo cambiar la Constitución para poner a la educación como “servicio esencial” para obligar a dar clases.
Mientras Sileoni criticó los paros provinciales diciendo que esas medidas “discontinúan profundamente la rutina pedagógica”. Y reiteró que está “de acuerdo” con que se descuenten los días de paro porque “el derecho es una cosa, pero el día no trabajado no se debe pagar…”. Extraña forma de entender los derechos de un ministro que cobra $ 41.200…
Los derechos no se plebiscitan, se garantizan
Es falso que haya “derechos en pugna”. Lo que hay es un ataque, por el ajuste de Cristina y los gobernadores, al derecho a educar y al de reclamar un salario digno y una mejor escuela pública.
Son repudiables esas posturas y hasta incurrirían en delito por incumplimiento del deber de funcionario público de garantizar la educación y los derechos consagrados en la Constitución y las leyes que nos rigen. Los derechos no se plebiscitan, se garantizan por parte del Estado. Hay que hacerlos efectivos.
Y es el gobierno, como institución del Estado, el responsable de garantizar el derecho a la educación y también el de reclamar. Debiendo aceptar a la vez que va indisolublemente ligado el pagar un salario acorde a la canasta familiar con hacer posible una educación de excelencia.
Es que, contrariando al ministro, el principal reclamo de los conflictos provinciales y el parazo nacional del 25 de febrero, es el aumento salarial ante el deterioro que viene sufriendo la retribución que los gobiernos fijan a la tarea educativa. Sin salarios dignos no habrá esa educación “de calidad” que el gobierno K pregona y no garantiza.
Deprecian la escuela pública para favorecer la privada
En un nuevo guiño a la enseñanza privada del gobierno K, Sileoni agregó: “la diferencia entre los salarios de la escuela pública y la privada es cero, sin embargo en la escuela pública no hay clases y en la privada sí…”.
Esto, además de falso porque los privados también paran pese a los aprietes y despidos; apunta a reforzar la idea de que hay un pasaje de las públicas a las privadas. En una campaña que tiene eco en medios nacionales que culpabilizan a los paros docentes del tránsito de alumnos a institutos privados.
Fracaso del “financiamiento”. Aumento del presupuesto al 10% del PBI
Para garantizar el derecho a la educación y evitar paros se debe aumentar el presupuesto educativo hasta el 10% del PBI. Como decimos hace años, fracasó la “ley de financiamiento educativo” y su meta del 6% del PBI. Hasta la Celeste de CTERA plantea hoy que eso ha sido insuficiente y reclama bastante más.
Los K dicen destinar hoy el 6,4% del PBI, pero la crisis educativa sigue presente, no sólo en salarios de pobreza, sino en los bajos presupuestos, las carencias edilicias, las escasas becas, el magro servicio de comedores, la insuficiente provisión de mobiliario, útiles y material didáctico; las carencias del transporte escolar, las deudas salariales, la falta de atención de las obras sociales o el vaciamiento de las cajas jubilatorias.
Como plantean los dos proyectos de ley en defensa de la escuela pública de nuestro diputado Alejandro Bodart (MST en Movimiento Proyecto Sur) y la lucha de nuestra dirigente Vilma Ripoll junto a docentes y estatales, la solución a esas carencias debe ser parte de otro “modelo” económico que priorice el trabajo, el salario, jubilaciones e ingresos sociales para que los padres de nuestros chicos puedan enviar sus hijos a la escuela y brindarles todo lo necesario para el desarrollo del proceso de aprendizaje.
Garantizando, con medidas de un plan de emergencia integral, el ingreso, la permanencia y el egreso de los alumnos del sistema educativo. Combatiendo las crecientes políticas de privatización educativa, del gobierno nacional, el de la Capital y los gobernadores. Sólo así será prioridad la educación pública.
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