Para revertir la actual crisis hay que tomar el camino inverso al del gobierno que está intentando cerrar acuerdos con las multinacionales Chevron, Bridas y Dow Chemical, entre otras.
Siguiendo el camino emprendido por Mosconi, hay que reconstruir una YPF estatal, que concentre el manejo de nuestros recursos y expropiar sin pago a todas las multinacionales que durante estos años no han invertido nada y se han llevado ganancias enormes de nuestro país y pasar todo el manejo de los recursos energéticos al Estado.
Pero para evitar que funcionarios corruptos (como los que vaciaron YPF y demás empresas estatales antes de la privatización menemista) sigan destruyendo el patrimonio de todos los argentinos, es necesario que las empresas estatales tengan control social. Es decir, que sean controladas por sus trabajadores y los usuarios, que son los directamente interesados en que funcionen bien y se desarrollen por que constituyen su fuente de trabajo y de servicios básicos a la población.
Como señaló José Rigane, el Secretario General de Fetera y Adjunto de la Mesa Nacional de la CTA, la energía es un bien social y un derecho humano, porque en el siglo XXI nadie puede tener una vida digna sin el acceso pleno a ella. Y es un problema de todos, porque no existe soberanía nacional sin soberanía energética.