El 18 de septiembre de 2006, el albañil de 77 años desaparecía. Iba de camino a una de las audiencias del juicio por delitos de lesa humanidad que se llevaba adelante contra Miguel Etchecolatz, su secuestrador. Había sido un testigo importante para condenar al represor.

Jorge Julio López nació 1929 en General Villegas, provincia de Buenos Aires. Por su simpatía con el peronismo, el golpe de 1955 lo obligó a irse de su pueblo natal y radicarse en el barrio Los Hornos, de la ciudad de La Plata.
Allí se dedicó a la albañilería, el oficio que seguiría toda su vida.
Meses después de iniciada la última dictadura, el 27 octubre de 1976, fue secuestrado por los grupos de tareas que comandaba el Director General de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz. Este comisario fue la mano derecha del General Camps en la Provincia de Buenos Aires, dirigió el operativo conocido como “Noche de los Lápices” y 21 Centros Clandestinos de Detención (CCD) que funcionaron en la provincia, conocidos como “Circuito Camps”.

Primera declaración

El 7 de julio de 1999 López declaró como testigo en el Juicio por la Verdad de La Plata.​ Allí relató que estuvo detenido en los CCD Cuatrerismo, Pozo de Arana, la Comisaría Quinta y la Comisaría Octava. Fue torturado y presenció varios asesinatos, entre ellos los de dos compañeros de militancia en el barrio, Ambrosio Francisco de Marco y Patricia Dell Ortto.
Las llamadas “leyes de impunidad” promulgadas durante el gobierno de Alfonsín y los indultos decretados por Menem, eran una traba para ir a fondo en la investigación sobre el terrorismo de Estado y castigar a los responsables. Luego del estallido de 2001 y con una sociedad movilizada, el reclamo de terminar con la impunidad interpeló al Congreso aprobándose el proyecto para anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en 2003 de Izquierda Unida, frente integrado e impulsado por el MST. Esto permitió reabrir los juicios por delitos de lesa humanidad sucedidos hasta 1983. El primero que se reabrió fue contra Etchecolatz.

Segunda declaración y secuestro

López declaró como testigo en la causa contra Etchecolatz el 28 de junio de 2006. Su testimonio era importante para que el genocida fuera condenado por sus crímenes. El 18 de septiembre de 2006 era el día de los alegatos. Julio salió de su casa rumbo a los tribunales para presenciarlos y desapareció.
Los medios y el poder comenzaron a difundir la posible hipótesis de que se había perdido o sufrió un shock que lo llevó a esconderse. Otras “hipótesis” sostenían que se escapó a Atalaya.
La causa fue asignada al Juzgado Federal Nº 1 de La Plata.​ Durante los primeros dieciocho meses fue caratulada como desaparición simple y la investigación quedó a cargo de la propia Policía Bonaerense.
Recién en mayo de 2008, la causa fue caratulada “López, Jorge Julio, s/ desaparición forzada de personas” y la Policía Bonaerense fue apartada de la investigación. Hasta hoy no han encontrado nada.
Hace algunos días, en el marco de una entrevista por el caso Maldonado, Carlos Arslanián –ministro de seguridad en la provincia por esos años- declaró que «en el caso de López había un cúmulo de indicios que apuntaban al grupo de tareas supérstite [que sobrevive] del ex jefe de la Policía Bonaerense Miguel Etchecolatz».

CIDH

El viernes pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- luego de 4 años, dio curso a una presentación que reclama al Estado argentino por la desaparición de Julio López. A todas luces, se trató de una decisión política vinculada a la evidente responsabilidad del Estado en la desaparición de Santiago Maldonado, por cuyo caso se han realizado presentaciones ante este organismo.

López y Maldonado, el estado es responsable

En estos meses se ha intentado evitar el debate social sobre la desaparición de Santiago Maldonado. Algunos defensores del gobierno han utilizado a Julio López, por el que no movieron un dedo jamás, como “argumento”. Hebe de Bonafini respondió con declaraciones inaceptables.
Pero, si se evita caer en oportunismos inescrupulosos, lo que queda es la responsabilidad del Estado en ambos casos. Por acción y por omisión.
López salió de su casa, siendo un testigo clave contra un represor que tiene grupos de tareas actuando, sin ninguna protección. Y después se da la investigación a los subordinados de su posible secuestrador.
Maldonado estaba reclamando en una ruta. Se despliega un operativo con casi 10 gendarmes por cada persona, se lavan los autos de la Gendarmería antes de los peritajes, se rechazan las declaraciones por ser de mapuches, se defienden hipótesis que desvían la investigación. Más claro, agua.
Por eso, como ayer y siempre, saldremos a la calle a reclamar justicia.
Gobierne quien gobierne.