El PJ-Frente de Todos presentó un proyecto para que se declare la emergencia alimentaria. ¿Qué implica? ¿Con qué medidas asegurar alimentos saludables, suficientes y erradicar la pobreza?
El proyecto “unificado” del PJ consiste en otorgar facultades a Macri y Marcos Peña, su jefe de gabinete, para poder reasignar partidas del Presupuesto nacional, agilizar compras y redirigir esa plata a los comedores y merenderos. Mientras, movimientos como el MST Teresa Vive salen a luchar por trabajo genuino, aumento en los planes sociales y mejoras en los alimentos. La CGT, en cambio, en vez de llamar a paro y movilización, envió una “carta” a Macri pidiendo formar un comité de crisis.
Aspirina ante el cáncer del hambre y la desnutrición
El proyecto del PJ y los K plantea prorrogar hasta el 2022 el Decreto 108/2002 de Duhalde para ampliar las partidas en un 50%. Esto implica $ 8.000 millones más para la compra y entrega de alimentos. Un paliativo, que no resuelve nada.
Es que si distribuimos esos $8.000 millones entre los tres millones de indigentes, se sumaría por mes al gasto alimenticio apenas $ 220 por persona indigente, apenas siete pesos más por día. Además, según la FAO (Organización para la Alimentación y la Agricultura), hay cinco millones con inseguridad alimentaria grave, o sea problemas de salud por desnutrición o consumir menos de lo necesario. Ni hablar de los 14 millones de pobres. Esta ley es menos que una aspirina para el cáncer de la desnutrición y el hambre de millones.
Además, ese decreto de Duhalde, luego del Argentinazo fue sucesivamente prorrogado hasta que, en 2016, se estiró la emergencia al 31 de diciembre de este año (Ley 27.345). De ahí que la Rosada hable de «jugada electoralista». Porque están vigentes ese decreto y las leyes que lo sustentan, como la 27.345 que legalizó la llamada “economía popular” a pedir de los “Cayetanos” (CTEP, CCC y Barrios de Pie). La votaron todos menos la izquierda, porque incluía tregua social: no luchar.
Macri termina su mandato con 14.175.000 pobres, en una población urbana de 40,5 millones. El 50% de lxs pibes es pobre. Y eso se agudiza en el conurbano bonaerense, en donde supera el 64%. Pero este crimen social no lo pudo hacer solo: tuvo banca del PJ que en el Congreso le votó todo.
No es la comida, sino el sistema que la produce
Además, las leyes y decretos de emergencia alimentaria son de gobiernos del PJ. Y no resuelven el hambre porque, como repite el proyecto actual, “el derecho humano a una alimentación adecuada” se asume “dentro de cada Presupuesto que apruebe el Congreso”. Y ahí está el problema: en 40 años, con una pobreza promedio del 30%, los Presupuestos han sido de ajuste, para pagar la deuda externa y no la deuda con el pueblo.
La disputa electoral entre macrismo y PJ elude el debate de fondo. El problema es la forma capitalista de producir, distribuir, comercializar y fijar patrones de consumo. El capitalismo mercantiliza todo y considera al alimento una mercancía, o sea un bien de mercado y no social. Por eso no lo garantiza para toda la población. Esta apropiación privada de un bien social como la comida explica por qué nuestro país genera alimentos para 300 millones de personas, pero hoy hay seis millones que pasan hambre.
El Estado debería intervenir, pero Cambiemos, como antes la UCR y el PJ, se alternan en su rol de gerentes de las corporaciones alimenticias para garantizar que sus ganancias ordenen el circuito de producción, comercialización y consumo de comida.
Además, esa lógica de maximizar el lucro incita a consumir calorías para vender más, aumentando los azúcares, grasas saturadas, harinas, cereales refinados y aditivos. Hasta proliferan “falsos alimentos”, con sustancias de relleno más baratas pero de bajo valor nutritivo. Por todo eso se sufre desnutrición y obesidad a la vez, que la OMS denuncia como tendencia mundial. Así no va más.
Nuestra propuesta: alimento como derecho social
Proponemos cambiar de raíz el modelo de producción y venta, con una reeducación del consumo social de comida.
Emergencia alimentaria que garantice un shock de acceso a la alimentación nutricionalmente necesaria para la población, sobre todo la niñez. La comida se debe garantizar como derecho social, de forma accesible, suficiente, sana y variada.
Eliminar el IVA de toda la canasta familiar. Precios máximos con control social. Aplicar la Ley de Abastecimiento al que incumpla. Aumento de salarios, jubilaciones, asignaciones y planes sociales: que nadie cobre menos de $ 40 mil.
Producción y comercialización estatal de alimentos a precios de costo y entrega gratis donde hay necesidad, bajo control sanitario de trabajadores y organizaciones socio-ambientales. Planificación democrática del sistema alimentario por las mayorías y el Estado, en base a las necesidades sociales.
Expropiar empresas, pooles y grandes cadenas de producción y comercialización de comida. Reforma agraria, recolonizar el campo, la tierra para el que la trabaja. Nacionalizar el comercio exterior y la banca.
Modelo de agricultura agroecológica de proximidad, a gran escala. Abolir el maltrato animal en la actual industria. Prohibir el agronegocio, los transgénicos, el glifosato y toda depredación, en un intercambio ecosocialista con la naturaleza.
Investigación científica para mejorar la alimentación, la salud y relación con la naturaleza. Combatir la comida chatarra. Que se deba etiquetar lo que comemos y señalar toda condición negativa para nuestra salud.
Circuitos de venta cortos, sin intermediación capitalista, con intervención estatal entre productores y consumidores. Mercados públicos para una distribución de proximidad. Red de transporte público, estatal y con control social.
Prohibir toda publicidad que estimule el consumo artificial de comida. Reeducar el consumo, generar una cultura alimentaria saludable y suficiente, a través de la escuela y el reemplazo de la publicidad distorsiva por la información pública en beneficio de la mayoría.
El ministro de Educación preguntó de dónde van a salir los recursos. Se lo decimos: del no pago de la deuda externa, de impuestos a las corporaciones y de eliminar los subsidios a las privatizadas. Los socialistas del MST no vemos ningún impedimento para garantizar el acceso a la comida necesaria y sana para toda la población, junto con erradicar la pobreza. Lo que falta es voluntad política, que ni Macri ni el PJ tienen.
Francisco Torres
