El gobierno se reunió con empresarios y burócratas para discutir la situación de Vaca Muerta. Al revés de los anuncios electorales de Fernández, desde fin de año hasta hoy ya van 600 despidos y 1.200 suspensiones. El 28 de enero vence la conciliación «voluntaria», mientras crece la tensión en uno de los nodos del proyecto económico albertista.
A mediados de noviembre, como marcándole la cancha al futuro gobierno, las operadoras que actúan en el yacimiento Vaca Muerta despidieron a más de 600 trabajadores y suspendieron a 1.200. La burocracia sindical de Petroleros Privados se involucró, intentando no terminar el año con un conflicto enorme. Se dictó la conciliación obligatoria y luego una «conciliación voluntaria» que vence el próximo 28 y tiene al principal yacimiento petrolero del país en estado de máxima alerta.
Empresarios, burócratas sindicales y funcionarios del gobierno van de reunión en reunión para tratar de llegar a acuerdos y evitar el conflicto. El panorama complejo, ya que más allá de las promesas electorales y los reiterados intentos de mostrar a Vaca Muerta como el «motor económico» del proyecto de Fernández, todavía no hay nada claro sobre cómo será ese supuesto «desarrollo».
Buscan avanzar en el saqueo
Mientras miles de trabajadores viven día a día con la incertidumbre de no saber cuál será su futuro laboral, la producción de crudo en las distintas áreas que popularmente se conocen como Vaca Muerta (Loma Campana, La Amarga Chica, Bandurria Sur y otras) logró niveles de producción que permitieron a Neuquén desplazar a Chubut como principal productora de petróleo del país. En promedio, se extraen 160.000 barriles diarios.
No es entonces que las petroleras estén teniendo problemas económicos, sino que pretenden imponer condiciones laborales aún más beneficiosas. Es decir, en el marco del debate sobre el nuevo proyecto legislativo, presionan para ganar todavía más.
Tampoco la pérdida de derechos laborales es una novedad. En Petroleros ya hace unos años se aprobó una adenda al convenio, que recorta beneficios que tenían los trabajadores. Los empresarios, burócratas y funcionarios macristas lo festejaron, poniéndolo como modelo de reforma laboral parcial. Por esa precarización, nueve obreros murieron el año pasado y unos cien desde que funciona Vaca Muerta.
En resumen, las empresas avanzan en la producción de gas y petróleo, los trabajadores pierden derechos, los territorios se contaminan y dañan con el fracking, y el gobierno, lejos de intervenir para defender a «los que menos tienen», prepara una nueva ley de hidrocarburos para fomentar aún más el saqueo.
Nueva ley, mismos ganadores y perdedores
Así como le dedicó buena parte de la campaña electoral a promocionar Vaca Muerta, ahora el equipo económico de AF viene trabajando en un proyecto de nueva ley de hidrocarburos. Quieren mejorar las condiciones y la «seguridad jurídica» para las empresas en Vaca Muerta y demás cuencas activas del país. Si bien el proyecto concreto no está terminado, ya trascendió que la propuesta incluiría la ratificación de la baja de retenciones (Alberto ya se las bajó del 12% al 8%), exenciones de impuestos, liberación total del envío de divisas al exterior por utilidades y la posibilidad de exportar una cuota importante de la producción, a cobrar en dólares, a cambio de sostener un precio interno algo más bajo.
Es decir, con la promesa de «atraer inversiones» y contener un poco el precio acá, el gobierno mandaría al Congreso un engendro que sería un salto tremendo en el saqueo y la entrega. Nada para envidiarle al macrismo. Y recordemos que en 2013 CFK firmó el pacto YPF-Chevron, que le entregó el principal yacimiento de petróleo no convencional y con múltiples beneficios a esa multinacional yanqui(1).
El Ejecutivo trabaja a contra reloj para contener en su propuesta a los múltiples jugadores que existen en el negocio. Sobre todo, apuesta a garantizar las mejores condiciones para las empresas y sostener la «paz social», o sea evitando que los trabajadores defiendan sus derechos. Ah… y si entra algún dólar, será para pagar la deuda externa.
Despojo, contaminación, precarización
Aparte del aspecto económico, Vaca Muerta representa un salto en la contaminación y la degradación de zonas enteras de territorio, profundiza la dependencia de los combustibles fósiles (lo que está cuestionado en todo el mundo), extranjeriza nuestra economía y sigue concentrando en pocas manos uno de los principales recursos del país, lo que va en contra de diversificar la matriz energética y productiva.
Si quienes justifican a AF por el desastre económico de Macri revisaran los últimos 20 años de política energética en el país, verían que sigue el mismo modelo. Las petroleras se llenan de guita, los trabajadores son superexplotados, los pueblos originarios pierden territorios y la naturaleza se degrada a límites irrecuperables. ¿Beneficio para el país y el pueblo? Ninguno.
La salida no es Vaca Muerta. Es transformar por completo la estructura económica y productiva, reestatizar todo el complejo petrogasífero y energético, sin pago y con una investigación que determine los pasivos económicos y ambientales que dejan las corporaciones, prohibir el fracking y garantizar la continuidad laboral para los miles de trabajadores mientras se da la reconversión hacia energías limpias y renovables.
Martín Carcione
1 En ese momento, Alejandro Bodart presentó una denuncia penal por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y contaminación en grado de tentativa.