Suave, selectivo, de corto plazo, acordado. Con estos adjetivos calificaron los analistas económicos el default que los técnicos involucrados en las negociaciones finalmente llamaron “controlado”. La decisión del gobierno de no cancelar el vencimiento de U$S 503 millones en intereses de los bonos Global que vencían el 22/5 no produjo escándalos, los bonos argentinos no se derrumbaron, no aumentó el riesgo país, los desastres anunciados no llegaron. La explicación es muy simple: se sigue negociando y los acreedores saben que el gobierno tiene intenciones de acordar. La expectativa de los bonistas está justificada. Alberto Fernández, que en campaña denunciaba la deuda como un fraude con que los amigos de Macri fugaron miles de millones, lleva pagados desde que asumió más de U$S 3.800 millones. El 8/5, en plena crisis sanitaria y social, desembolsó otros U$S 320 millones en concepto de intereses al FMI. La voluntad de pagar del gobierno no está en duda para nadie, por eso no hay temor en “los mercados”.

Negociación a medida de los buitres. La oferta inicial del gobierno consistía básicamente en tres puntos: periodo de gracia de 3 años sin pagar capital ni intereses, quita del 5% del capital y quita del 62% de los intereses. Lejos del discurso progresista, un gran negocio para los acreedores. . ¿Por qué?

1) El valor actual de los bonos argentinos es del 20% al 25% de su precio nominal. Entonces, pagarles el 95% del capital y un interés del 38% del pactado es un gran negocio para ellos.

2) Los intereses pactados fueron usurarios (20% cuando en el mercado mundial son del 2% anual) Entonces, con una quita del 62%, sobre ese 20% de todas maneras cobrarían un interés tres veces mayor que el del mercado.

3) Como Argentina viene pagando altísimos intereses durante años, los acreedores ya se han cobrado gran parte. Por eso aceptan una quita mínima del capital, porque lo vienen cobrando con creces.

4) Piden pagar a partir del 2023, pero no dicen que en ese tiempo corren intereses. Por lo tanto, cualquier mejora de esta oferta significaría una entrega aún mayor a los buitres.

¿Crecer para pagar? Es un hecho que Argentina no dispone de recursos para hacer frente a la deuda, por eso el gobierno reclama que primero “nos dejen crecer para después poder pagar”. Esta frase, caballito de batalla de AF y repetida por un amplio sector del “progresismo” significa una sumisión completa al capital financiero. En un país donde la pobreza supera el 30%, la salud y educación pública están en terapia intensiva y crecen las penurias para millones de personas, el crecimiento (si llega) no será para solucionar los problemas más acuciantes del pueblo trabajador sino para enriquecer a los buitres. Pero además para ese crecimiento, que está basado en obtener los dólares necesarios para pagar deuda, van a priorizar las industrias más destructivas: fracking, megaminería y agronegocio.

El cuento de nunca acabar. Los últimos 40 años de nuestra historia están marcados por la deuda, del 83’ a hoy pagamos más de U$S 400 mil millones sobre una deuda de U$S 45.000 M y seguimos debiendo más de U$S 300 mil millones. Cuanto más pagamos más debemos, porque al pactar intereses usurarios y, además, aplicar punitorios por pagar fuera de término, la deuda sigue creciendo. Todos los gobiernos fueron parte de esta estafa. Incluso el de los Kirchner, que lejos del discurso antiimperialista, de barricada y desendeudamiento, desaprovechó una oportunidad histórica (default y movilización de masas post 2001) para investigar y repudiar el fraude que ya había sido demostrado por el juez Ballesteros en la causa Olmos. Por el contrario, su renegociación legitimó la estafa y la deuda trepó a U$S 240.000 M.

Soberanía…te la debo. El círculo permanente de la deuda constituye un mecanismo de sometimiento que refuerza la naturaleza semicolonial de nuestro país. El negocio de los organismos financieros no es sólo cobrar sino imponer sus políticas. Como la deuda es impagable siempre se terminan refinanciando intereses a cambio de “compensaciones”. Así, por ejemplo, se entregaron las empresas estatales y ahora vienen por reformas jubilatoria y laboral. No hay soberanía posible sin romper la principal fuente de sometimiento.

La deuda es con el pueblo. La deuda que hay que cancelar urgente y que se viene postergando por décadas es con el pueblo trabajador, con los jubilados, con la educación y la salud. Considerando los pagos promedios anuales, que rondan los U$S 20.000 M se podrían construir cerca de 800.000 viviendas populares al año, superando el déficit habitacional en pocos años y generando empleo genuino y desarrollo industrial. O construir 660 hospitales de alta complejidad con quirófanos y Unidades de Terapia Intensiva incluidas. Permitirían triplicar el presupuesto en salud y también el de educación. Bajar las tarifas y aumentar salarios, jubilaciones y planes sociales para cubrir la canasta familiar.

Por otra revolución, ahora socialista. Esta semana se conmemora la Revolución que dio inicio al proceso de nuestra independencia. 210 años después somos una semicolonia dependiente de los organismos financieros y las corporaciones internacionales que controlan nuestras principales riquezas, empresas y bancos. Es necesario luchar por una segunda y definitiva independencia y el primer paso es terminar con la estafa de la deuda, declarar un default soberano como primera medida de un plan económico al servicio de las necesidades del pueblo trabajador. Lógicamente esta medida tiene que ir acompañada de otras: nacionalización de la banca y el comercio exterior para evitar la fuga de capitales, reforma tributaria que grave las grandes ganancias y fortunas, reestatización de las privatizadas con control obrero y social, entre otras. Es la pelea que llevamos adelante desde el MST en el FIT Unidad y a la que te invitamos a sumarte.