Rescate millonario con plata de IOMA

De forma ilegal e inconsulta, Kicillof anunció el uso $455 millones mensuales del IOMA, obra social de docentes y estatales, para salvar a las clínicas y sanatorios privados. Otro rescate a las patronales con nuestra plata, cuando es necesario declarar de utilidad pública al sector.

Escriben: Orlando Restivo y Francisco Torres

Junto a su ministro de Salud Gollán y el titular de IOMA, Kicillof presentó esta medida como una supuesta «Propuesta de sustentabilidad del Sistema Sanatorial» cuando se trata de darles a las privadas millonarios «préstamos» en 12 cuotas, sin interés ni fecha de devolución.

Décadas de desinversión y presupuestos de salud al 5% o 6% del total de recursos provinciales, cuando la CICOP reclama un piso de más del 10% para salud pública, llevaron al abandono de los hospitales bonaerenses y en el país. Por eso, profesionales y trabajadores de la salud están entre los mayores contagios por COVID-19 en Argentina y el mundo.

Se arriesga la vida frente a la falta de recursos y elementos de cuidado y seguridad, por lo que se protesta y moviliza reclamando lo necesario. Y por lograr un Sistema Único de Salud estatal, reclamo que se va imponiendo. Con cinismo, Gollán y Kicillof hacen su anuncio como si se tratara de ponerlo en práctica, cuando es lo opuesto: Salvan a las privadas con plata de trabajadores y afiliados a la obra social de docentes y estatales.

«Es un paso histórico en la articulación entre el sistema privado y público», dijo Kicillof al anunciar el acuerdo entre IOMA y FECLIBA, la Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y Otros Establecimientos de la Provincia de Buenos Aires; y ACLIBA, Asociación de Hospitales, Clínicas y Establecimientos de Alta complejidad privados. Entidades que representan a las clínicas, sanatorios, centros de diagnóstico médico, laboratorios de análisis clínicos, instituciones psiquiátricas y geriátricos privados.

Basta de currar con la salud del pueblo trabajador

Contrariando la supuesta preocupación por la salud pública, los convenios con IOMA suelen ser fuente de millonarios negociados de capitalistas privados, con mafias que lucran con la salud, la obra social y el Estado. Así, pasan los gobiernos pero se repiten las denuncias por consultas no realizadas y facturadas, por la provisión de medicamentos y tratamientos no realizados o sobrefacturados, lo mismo con la entrega de prótesis, implantes, atención especializada o internaciones.

Precisamente, días después de anunciar el salvataje a las privadas, IOMA denunció a la AMP, Agremiación Médica Platense, por una defraudación millonaria, acusando a 12 médicos por facturas truchas. Se trata de facturación por prestaciones no realizadas y se denuncia también a la AMP por no controlar. Es que el convenio obliga a la Agremiación a verificar la documentación mensual de sus agremiados, ya que la AMP factura por el total de prestaciones y se benefician con la defraudación.

También se investiga por facturaciones y fraudes en 2019. Es que solo en marzo, los auditores vieron irregularidades por $8 millones y facturación por prácticas no realizadas, falsificando incluso firmas de afiliados o una mayor complejidad de lo necesario para incrementar costos y beneficios. Como hay guerra de mafias, la AMP lo desmintió y denuncia una «maniobra extorsiva» de IOMA. La salud en medio…

El curro con la salud lleva décadas. El acuerdo de Kicillof, Gollán y las patronales lo avala y profundiza, ya que legitiman el verso de las privadas al decir que las clínicas podrían quebrar por la caída de las prestaciones. En vez de auditar, pedir que abran sus libros y control social por parte de sus trabajadores y usuarios, Kicillof las rescata con plata de docentes y estatales. Al salvar a las privadas, hace lo mismo que Alberto Fernández en el país.

Avalan así a clínicas y sanatorios que, desde que empezó la pandemia, han declarado que caería su tasa de ganancias. A través de FECLIBA, la federación patronal, hablan de una caída en la facturación del 70%, entre Piso, Terapia Intensiva y demás servicios de un sanatorio, estudios ambulatorios y consultas.

Pero esto no coincide con el gobierno, que afirma que la facturación privada habría caído un 45%. Más allá de estas fuertes discrepancias, empresarios y gobierno acuerdan en que habría una caída por la demanda en la pande-mia, ante la falta de concurrencia y baja en las prestaciones.

Ilegal desvío de fondos del IOMA a la salud privada

Amparados en ese supuesto, Kiciloff y Gollán esbozaron un plan de salvataje a clínicas y sanatorios, el que sustentan con los fondos de IOMA. Una apropiación ilegal que viola la misma ley que este gobierno modificó al asumir para que sus fondos vuelvan a ser intangibles.

Pero este plan consiste en darle $410 millones por mes al sistema privado a tasa cero, a devolver en 12 cómodas cuotas. Fondo que dispone de $390 millones para las internaciones y $20 millones para servicios de imágenes dentro de FECLIBA-ACLIBA. Pero lo que nadie sabe es cuándo se pagarán esas cuotas, ya que el convenio estipula que sería «cuando termine la cuarentena». Y peor aún, como los sanatorios recibirán más de un mes de ayuda, les extenderán los plazos y cuotas.

El convenio propone además el llamado Plan de Sustentabilidad con un aumento del 7% del nomenclador (el precio de las prestaciones que brindan los sanatorios) a partir de marzo 2020. Esto representa una suba del 20% con relación al año pasado y un ingreso extra de $45 millones por mes. Eso se suma a los otros $410 millones, con lo que estamos ya en $455 millones mensuales para salvar a las clínicas. Si hay 190 establecimientos, implica dar cuando menos de 2,5 a 3 millones mensuales por clínica.

Además, crean un módulo especial COVID para el cobro de honorarios por el uso de camas. Las privadas dicen reunir 1.500 camas de UTI (de alta complejidad) pero no están ocupadas hoy, mientras que en los hospitales los servicios de terapia intensiva están explotando. En síntesis, las clínicas aducen caída del 70% y reciben millones, pero ¿en realidad pierden con la pandemia? Veamos.

En el sistema privado, la facturación se hace a través de las obras sociales y prepagas. De acuerdo al nomenclador (precios establecidos), éstas le pagan al sanatorio todo lo que el prestador usa para la prestación. Pero la clínica no invierte prácticamente nada. Excepto en tres rubros que son una pequeña parte del gasto global sanatorial: la recolección de residuos patogénicos, el lavado de ropa de cama más la provisión de oxígeno y la masa salarial. Los sueldos miserables que la patronal acuerda con la burocracia de Daer (titular de ATSA y la CGT), disminuyen mucho este costo.

El resto está sometido al precio del mercado, pero si se usan mucho es porque se factura mucho, es decir, hay muchas prestaciones. Los sueldos en cambio son costos fijos. Los demás son variables. ¿Cómo podría perder ganancias un sistema que tiene bajo costo propio y si tuviera menor demanda por COVID, también gasta poco…?

Las prepagas a su vez tienen asegurada su ganancia porque siguen conservando sus afiliados, cobran cuotas excesivas y no brindan prestaciones COVID. Entre 2002 y 2020 esas cuotas aumentaron 4.700%1, pero los salarios mucho menos. ¿No tendrían ellas que financiar el costo de las supuestas «pérdidas»…? Y si gastan menos es que la gente demanda menos. Negocio redondo.

Por un sistema único de salud, estatal

En este marco podemos agregar que quienes aportamos al IOMA no sabemos la real situación de sus fondos, prestaciones, ingresos y gastos. Por lo que exigimos una auditoria social por parte de trabajadores y profesionales, electos democráticamente para investigar y que paguen quienes malversaron fondos. Esto implica exigir a Kicillof que dé marcha atrás con el salvataje privado.

Como dice la CICOP, la situación abre la oportunidad de ir por una salida de fondo, opuesta a la del gobierno. Fortalecer el Sistema Público de Salud con la estatización de todas las clínicas y sanatorios en un sistema único, estatal e integrado, bajo administración y control social.

En ese camino, las obras sociales deberán ser absorbidas e integradas también como parte de ese único sistema estatal, de calidad. Junto a un fuerte aumento del Presupuesto para garantizar que toda la población tenga acceso a la mejor atención y con trabajadores de la salud cuidados integralmente.