Protocolo y conflictos docentes
Pese a los conflictos docentes, sin resolver en numerosas provincias, el Consejo Federal de Educación plantea volver a la presencialidad, con un protocolo firmado por funcionarios, gobiernos y sindicatos. ¿Es posible llevarlo a la práctica?
Escriben: Andrea Lanzette y Priscila Ottón
A lo largo del país, la docencia está en conflicto por varios motivos: cobro de haberes atrasados y falta de actualización por cláusula gatillo como en Tucumán y Misiones. En Santa Fe, La Pampa, Chaco y Entre Ríos están luchando por el salario y por la continuidad laboral de reemplazantes o ajustes en las jubilaciones. Catamarca enfrenta la reforma del Estatuto y en Chubut siguen debiendo meses de salarios y el aguinaldo está por verse.
En la provincia de Buenos Aires y Neuquén se ratificó el pago en cuotas del aguinaldo, por lo que hay distintas acciones convocadas por los sectores combativos y Multicolor como paros virtuales, festivales, caravanas y un nuevo apagón el miércoles 15 de los SUTEBA Multicolor. A lo que se suma a la falta de actos públicos, sobrexplotación con el teletrabajo, el plan PIEDAS insuficiente, obras sociales desguazadas (IOMA e ISSN), y el no reabrir paritarias que deja por el suelo nuestros salarios.
En ese contexto Trotta plantea la vuelta a clases, cuando la prioridad debiera ser terminar con la desigualdad educativa y el ajuste que sufrimos docentes y la comunidad. Garantizar salarios dignos y defender las jubilaciones, hoy atacadas.
¿Qué propone el Protocolo para volver a la presencialidad educativa?
La fecha de regreso a las aulas en el país -salvo en el AMBA, Chaco y Neuquén-, sería el 3 de agosto. Pero dependerá de la situación epidemiológica en cada región. En el Protocolo se dan un conjunto de pautas para retornar a las clases presenciales, de escalonamiento progresivo, basadas en supuestos criterios sanitarios y de seguridad en el trabajo, así como de organización escolar y pedagógica.
Proponen avanzar en un sistema mixto o “bimodal”, articulando las clases presenciales y el trabajo en los hogares. Entre varias cosas, menciona: “Evaluar las capacidades de infraestructura sanitaria de los establecimientos (provisión de agua y funcionamiento de sanitarios), a los efectos de asignar o reasignar los recursos necesarios para su optimización, como condición previa al reinicio de las actividades presenciales”.
Habla de “desarrollar actividades de continuidad pedagógica no presencial para quienes no puedan asistir a la escuela”. De “garantizar el acceso al asesoramiento sobre salud integral” con “orientaciones para la contención emocional y el cumplimiento de la Educación Sexual Integral”.
Aclaran también que “el distanciamiento social en los establecimientos será de 2 metros en los espacios comunes y de al menos 1,5 metros en las aulas. Como no hay margen para ampliar la infraestructura escolar, habrá una división de los grados que concurrirán en forma alternada”.
Otra recomendación es trabajar con aulas en “burbujas”, que implican la posibilidad de mantener grupos pequeños, cuyos integrantes tendrán el distanciamiento físico adecuado, con dos o tres grupos de no más de 4 alumnos dentro del aula. Lo que implica todo un dilema no aclarado ¿cómo hacer para el desarrollo de las clases al dividir en franjas diarias de asistencia y los contenidos a ver con cada grupo y día.
La mirada pedagógica de la docencia debe ser escuchada
Es necesario aclarar que las clases nunca se suspendieron. La virtualidad sin planificación, sin dispositivos ni WIFI para todes, con plataformas no preparadas y sostenida por les docentes, tanto económica como físicamente, fueron el formato que reemplazó a la presencialidad pedagógica.
Llegó tempranamente y en una irresponsable improvisación, ya que el gobierno no garantizaba lo mínimo: agua, jabón, papel, lavandina, detergente, desinfectante, guantes. Ni hablar de la falta de repelente o fumigación de escuelas ante el dengue. Y nunca se abordó ni resolvió la crisis de infraestructura.
Por eso, ante los dichos de Trotta sobre la necesidad de una “mirada pedagógica de la planta física de las escuelas”, le aclaramos que así la vemos les docentes siempre, principalmente cuando exigimos agua, gas y luz como recursos infaltables. Al igual que las exigencias ante edificios sin mantenimiento ni arreglos para convertir a la escuela, en un lugar donde aprender sea un derecho y no un sacrificio.
Lo mismo podemos decir de las distribuciones áulicas, cantidad de estudiantes por espacio, curso o turno y sus aulas burbujas. Claramente esta gente vive en una burbuja, porque desconoce el estado de las escuelas, y lo impracticable de su propuesta.
¿Qué de todo aquello fue resuelto y atendido durante estos meses donde se declaró escencial la obra pública? ¡Nada! Les docentes que, además de la tarea virtual, venimos entregando alimentos en las escuelas, lo hacemos en las mismas condiciones por las que se suspendieron las clases presenciales. Todo sigue igual.
Otro problema es la profundización en la brecha entre escuelas privadas y escuelas públicas, entre estudiantes que cuentan con recursos como dispositivos e internet, y quienes no. Es notorio cómo las privadas, al contar con los subsidios del Estado, más las cuotas que cobran a las familias, pudieron armar (o ya tenían) plataformas virtuales. Y tendrán más posibilidades de llevar adelante la mirada pedagógica de su edificio.
Pero también se nota esta brecha en el país. El llamado proceso de “federalización”, es la transferencia educativa hecha por la dictadura del ’76 y el menemismo de los ‘90, que dejó a las provincias libradas a su suerte. Y con una diferenciación enorme de la inversión en educación, salarios e infraestructura.
Algunas propuestas
Por todo esto planteamos que a la docencia nos preocupa, y mucho la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Como así también, volver a ver a nuestres estudiantes en la escuela, el ámbito natural de ese proceso, y que sea el espacio pedagógico que necesitamos.
Pero queremos decidir qué hacer con la escuela estatal, cuándo y en qué condiciones regresar. Cómo transitar lo que quede de virtualidad pedagógica y cómo se ensambla en un contexto mixto y con el próximo año lectivo. Pero debatiendo y decidiendo de verdad, no a través de una encuesta digitada, de una pequeña muestra de docentes.
Lo primero a plantear es que, si no estaban garantizadas las partidas para limpieza ni los problemas de infraestructura antes de declarada la pandemia, no vemos ninguna condición de poder regresar a las escuelas y menos bajo un sistema mixto.
Incluso, antes de esto, el gobierno debe resolver la deuda pendiente y tomar las medidas para garantizar los dispositivos e internet gratuitos a toda la comunidad para asegurar el derecho a recibir educación.
Así mismo, debe garantizarse la provisión efectiva de agua, jabón, alcohol en gel, lavandina, y todos los elementos de higiene indispensables. Las escuelas deben equiparse con test para realizar y prevenir ante posibles casos. Además de conformar comisiones de bioseguridad de docentes, estudiantes y familias en las escuelas y distritos, con poder para resolver ante los incumplimientos de los gobiernos.
Por otro lado, debe haber un aumento de los salarios docentes, acorde a la canasta familiar y del presupuesto educativo al 10% del PBI. Para ello, eliminar de una vez los millonarios subsidios a las escuelas privadas, poner un impuesto a la riqueza y dejar de pagar la deuda externa.
Exigir a CTERA que llame a una acción nacional para enfrentar el ajuste, resolver las demandas docentes y que se garanticen todas las medidas para un regreso seguro a las escuelas.
Y luchar por la renacionalización del sistema educativo, para unificar los contenidos y no dejar librados a la lógica de la producción, los recursos y una arbitraria coparticipación de impuestos a los presupuestos educativos de las provincias.
Transitamos un año donde se ha modificado la realidad dramáticamente en todos los ámbitos, en particular, el educativo. Sin embargo, los gobiernos siguen convocando a “especialistas” para determinar las medidas para el retorno a las escuelas. Cuando resulta fundamental convocar a un Congreso Pedagógico Nacional resolutivo. Donde, quienes hacemos la educación pública, podamos debatirla y resolver las transformaciones que requiere la escuela estatal. Definir los contenidos y la organización escolar. Es decir, un modelo educativo al servicio del pueblo, no de la ganancia capitalista.
