Escribe: Francisco Torres
La decisión de Alberto y Kicillof de ceder a la maldita Bonaerense, abrió otro debate al anunciar que le pagarían a la mayor yuta del país, redistribuyendo fondos coparticipables que llegaban al gobierno de Larreta. La movida tuvo el respaldo de 20 gobernadores, incluído Kicillof. No de Córdoba, ni de la derecha en Mendoza, Jujuy y Corrientes, además Larreta.
Alberto le sacó a CABA el 1,18% de coparticipación de los recursos de Nación, luego que Macri en 2016 elevara ese índice del 1,4% al 3,75%. Porcentaje que después Macri redujo al 3,5%. Ahora la Ciudad pasa del 3,5% al 2,32% de coparticipación. Unos $30 a $35 mil millones anuales. Cuando el macrismo lo aumentó a favor de un gobierno porteño del palo, también fue por decreto y no consultó ni a la Corte ni al Congreso, como dice ahora Larreta.
Para entender la disputa por 1.18% de la llamada
coparticipación «federal», es importante ver las aristas de la política tributaria argentina. La coparticipación es la forma o acuerdo al que pudo llegar la burguesía, en sus distintas alas de un capitalismo semicolonial en crisis, para repartir lo que se recaudan.
Entonces, antes de ver cómo se reparte, de dónde sale y en qué se gasta, debemos saber que la coparticipación es un mecanismo de recaudación y distribución entre la Nación, las provincias y la Ciudad. Tuvo cambios, pero toma rango constitucional en 1994, con el pacto Menem-Alfonsín que aseguró la reelección menemista a cambio de repartir dos senadores por provincia para el PJ y uno a la UCR. Desde entonces no se pudo hacer una ley que la modifique porque necesita la mayoría absoluta del Senado y las legislaturas provinciales. Un acuerdo prácticamente unánime, que no puede alcanzar una burguesía que no logra estabilizar el país por décadas.
Coparticipación: Un sistema injusto y desigual
Más allá del tironeo por la caja entre Alberto, Kicillof y Larreta, la coparticipación es injusta. Y más aun, el sistema impositivo. Para entender el esquema tributario, debemos ver los cambios en 1988 con la Ley 23.548, al disponer una distribución primaria de recursos del 42,3% para la Nación, el 56,7% para las provincias y un 1% para los ATN, Adelantos del Tesoro Nacional, que el poder central maneja según su antojo.
Con Menem y el PJ vendrán pactos donde la Nación se queda con un 15% del total de recursos antes de esa distribución primaria, para darlos discrecionalmente. Y en 1991, por el imperialista Plan Brady de reformas del Estado, Menem completó la política de la dictadura, al transferir a las provincias la educación, salud y transporte público ferroviario que aún quedaban a cargo de la Nación. Y lo hizo sin los fondos.
Encima, no todos los impuestos se coparticipan. Solo el IVA, Ganancias y a los Combustibles. Los aranceles o retenciones por importación y exportación los cobra solo Nación o el impuesto al cheque, muy distorsivo. Mientras las provincias recaudan Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y Sellos, más las regalías petroleras y mineras.
Aquí saltan dos problemas: por un lado, el grueso de los impuestos los pagamos trabajadores, sectores populares y más humildes. Por otro, el destino de esa plata no está puesto en priorizar, el sistema de salud, educación o transporte ni aumentar salarios, jubilaciones, planes y presupuestos sociales. Sí en pagar la usuraria y eterna deuda externa, dar millonarios subsidios a las privatizadas, bancar los privilegios de la casta política y financiar la corrupción estructural capitalista.
Derogar todo e ir a otro esquema tributario, con control social
Además, la distribución de la coparticipación entre las provincias es desigual. El caso más evidente es el bonaerense, que concentra el 38% de la población, pero recibe el 19.9% del total coparticipable. Los distintos gobiernos, lejos de resolverlo, direccionaron recursos para beneficiar o perjudicar a cada distrito, según el color político y las disputas al interior de los bloques patronales. Así fue cuando Cristina se negó a aumentar la coparticipación bonaerense al estar enfrentada con Scioli. Y Kicillof, como su ministro de Economía, llevó a la provincia al nivel histórico más bajo.
Macri lo intentó modificar a favor de Vidal, pero el resto de los gobernadores protestó y derivó fondos por otras vías. También benefició a Larreta dándole más coparticipación con la excusa de transferirle la Federal. Ahora Alberto hace lo suyo con Kicillof.
Como salida a este sistema discrecional e injusto y para evitar las permanentes disputas interdistritales burguesas-patronales, proponemos volver a nacionalizar los sistemas de educación, salud y transporte ferroviario, como parte de una mayor centralización fiscal.
Anular todos los DNU y Pactos Fiscales, y derogar también toda normativa y ley de coparticipación burguesa de impuestos públicos y una reforma tributaria donde pague los que más tienen. Para hacer una planificación única y nacional de los recursos y gastos, democráticamente centralizada, con control y decisión social sobre cómo y a dónde se distribuye la plata del Estado nacional.
