Este fue el año de la virtualidad. Un cierre de escuelas a escala planetaria y un ajuste real de gobiernos como el de los Fernández. Alejados de promesas y expectativas, el 10 de diciembre alcanzan un año con el derecho social a la educación vulnerado. ¿Cómo revertirlo?

Escribe: Francisco Torres

No es posible abstraerse de la pandemia, pero lejos está de explicar todo. Es el argumento de quienes justifican al gobierno, agregando el desastre de Macri. Pero en la campaña alertamos que habría más continuidad que cambio con el nuevo gobierno. Y que, lamentablemente, esas expectativas se verían defraudadas por el nivel de ajuste que los Fernández venían a aplicar, con Trotta, quien se supo era ministro privatista y con empresas offshore como brazo ejecutor en Educación.

El gobierno congeló presupuestos, llevó salarios a la baja, no garantizó computadoras ni conectividad gratis a decenas de miles de estudiantes y docentes, llegó al colmo de ofrecer créditos para comprarnos la herramienta de trabajo. No reconocieron los gastos que implicó, al punto que estudiantes, familias y docentes debemos pagar para acceder a la educación. Ni hubo formación específica ni orientación pedagógica construida democrática y críticamente, con saberes socialmente significativos.

Aumentó la sobrecarga, no se respetó la jornada laboral ni el derecho a la desconexión ni el freno a las planillas interminables. Se avanzó en precarizar al no designar reemplazantes y suplentes, cuyos cargos estaban presupuestados. Inventaron tarde y con ingresos de $10 mil, programas como el PIEDAS bonaerense. Con miles de docentes sin cargo y estudiantes sin docentes.

También crearon programas que precarizan el empleo y la educación como el ATR de Kicillof. Y mantienen formatos de trabajo precario, contratos a término y trabajo por proyectos, en vez de integrarlos al sistema formal con los derechos y estabilidad del Estatuto.

Ante la emergencia edilicia, solo hubo obras aisladas. Además, como Alberto y los gobernadores bancan un extractivismo al palo, la docencia es vanguardia en la disputa ecosocialista. Contra escuelas contaminadas, los agrotóxicos o la quema de montes. Además de rechazar acuerdos como el porcino con China.

La escuela estatal bajo el fuego del ajuste

Para una parte de quien tuviera expectativas, el portazo de Adriana Puiggrós como exponente de una «progresía» educativa, fue un golpe de gracia. Aunque, su obra bibliográfica esté condicionada por el papel de ajuste que Puiggrós cumplió siempre.

La Celeste apela a la mística, pero esta no condice con ser la viceministra que congeló el Presupuesto en el mísero 4,8% del PBI que dejó Macri. O bancó la paritaria exprés más paupérrima en décadas al fijar un inicial de 23.000 a 25.000 por todo el 2020 y no eliminar el impuesto a las ganancias sobre el salario.

«La única verdad es la realidad», dijera Perón, siguiendo a Aristóteles y Kant. Como materialistas dialécticos lo podríamos contradecir, pero se entiende su sentido. Con la Paritaria trucha, mantuvieron congelado -por tercer año consecutivo- el Incentivo en $1.210 y el material didáctico en $210. Seguían así el ajuste macrista. Apenas si pactaron un aporte «extra» por ese monto (de $40 al día) y «a cuenta del FONID», ya que no lo aumentan.

El 33,46% que anunció Trotta es puro relato. El salario inicial nacional era de $20.250, «subió» en marzo a $23.000 (13,58%), en julio a $25.000 (9,87%) y desde diciembre a $27.500 (10%). Es decir, con Alberto hubo 2 meses con 0% de aumento, 5 meses con 13,58%, 4 meses con 23,46%. Y solo 1 mes con 33,46%. Una burla total.

Además, inauguraron las paritarias de «aumento cero», ya que ese inicial no impacta en casi ninguna provincia. En las paritarias de julio y noviembre, apenas pactan seguir pagando ese aporte extra con otro nombre: FONID-suma extr.COVID-19. Increíble, pero real. Solo faltaba salir cobrando menos…
Lo peor fue en las provincias, donde sí definen salarios. Larreta desconoció el aumento firmado, pero también el PJ en San Juan o Chaco. En Chubut o Neuquén no hubo suba. Y en varias provincias pasaron meses sin aumentar, como Santa Fe, Santa Cruz y Córdoba.

La burocracia Celeste de CTERA y la CGT justifican esto por la pandemia. Lo hacen para ocultar su integración al gobierno y haber hecho desaparecer el paro y toda acción de lucha en 2020. Pero de diciembre a marzo no hubo cuarentena y el ajuste fue feroz. Alberto prometió aumentar 20% las jubilaciones y salarios, pero ajustó a las y los jubilados. Y quiso atacar el 82%-85% móvil del régimen docente con su primera mega ley. Causó tanta indignación que debió retirar ese brutal ajuste.

El relato no tapa el avance del privatismo

Tampoco se desmanteló el privatismo que reinó con Macri. Sigue el festival de convenios con fundaciones, ONG’s y gigantes tecnológicas, denunciado en un detallado informe de 2018, que elaboraron CTERA y la entonces diputada, Puiggrós. Quien denunció el festín privatista como oposición, pero no lo desmontó ni cuestionó al ser gobierno. Manteniendo su injerencia en los contenidos, diseños curriculares y proyectos, como el dictado o no de la ESI con perspectiva de género.
Tampoco eliminaron los subsidios a la Iglesia Católica, a otras confesiones y patronales privadas. Al contrario, Trotta las consideró como empresas y les sumó los fondos de los ATP para que paguen salarios. A nivel país, la masa de subsidios sumó $34.133 millones con Cristina en 2015. Subió a $57.552 millones en 2017 con Macri y se estima en $81.000 millones con Alberto. Acá no hay grieta.

Es que, como reconocen CTERA y Puiggrós en ese informe1, la privatización educativa avanzó con el kirchnerismo. En particular con Scioli y Cristina, donde la matrícula privada bonaerense saltó del 29,3% al 35,6%. Y a nivel nacional, en 2015-2016, se llegó al 29% de escuelas privadas y 71% estatales.

Cierres de escuelas a nivel mundial

Por 8 meses, más del 40% de la matrícula planetaria estuvo bajo un cierre nacional de escuelas, con un pico del 84,8% el 2 de abril. Arrancó el 1° de febrero con un cierre nacional: Mongolia. Hasta el 22, cuando salta a 279 millones de estudiantes y 2 cierres: Mongolia y China. El mapa se irá tiñendo hasta el 16 de marzo, cuando arrancó Argentina (ver gráfico), con 109 cierres a nivel nacional.

A mitad de agosto serán las primeras aperturas en países como Alemania. Pero seguirán bajo cierres nacionales el 40% a 44% de la matrícula mundial, hasta mediados de octubre. El 15, desciende al 15,4% y sigue hasta fin de noviembre, cuando sube al 18,6%. Al 7 de diciembre, hay más de 317 millones de estudiantes bajo 29 cierres de escuelas a nivel nacional.

Esto muestra que la pandemia es el capitalismo y su inhumana distribución de riquezas y saberes socialmente producidos, pero apropiados en forma privada por muy pocos. Un sistema que no garantiza la salud ni la vida ni la educación a centenares de millones en el planeta.

En este contexto, en nuestro país hay consenso burgués por volver a la presencialidad. Necesitan instalar una «nueva normalidad» para que la sociedad retome todas sus actividades comerciales, laborales, de servicios y recuperar la ganancia capitalista. En esto tampoco hay grieta.

En el Consejo de Educación votan por unanimidad porque acuerdan en el modelo extractivista, de monocultivo sojero y exportación de materias primas con bajo valor agregado, y de servicios que precarizan la educación. Solo plantean una escuela de «contención» de las desigualdades que el capitalismo semicolonial, dependiente del imperialismo y de su división internacional del trabajo, le permite contener.

Otro modelo educativo y otro sistema, socialista
Para revalorizar el salario como variable pedagógica y aumentar el Presupuesto al 10% del PBI, necesitamos pelear por una nueva dirección, democrática y de lucha, que parta de la diversidad Multicolor. Y preparar el No Inicio 2021 si no se modifican estas condiciones.

Trotta habla de «construir consensos», pero no llama a la docencia. Por eso impulsamos un Congreso Pedagógico Nacional resolutivo. Que supere experiencias de anteriores Congresos en el país. Uno sirvió para fundar nuestro sistema educativo y su Ley 1420. Por eso planteamos un Congreso donde docentes, estudiantes y el pueblo definamos qué educación necesitamos y para qué modelo de país.

Recursos hay si se deja de pagar la deuda, se eliminan los subsidios a la educación privada, se ponen fuertes impuestos a los ricos, y se terminan los privilegios de la casta política. Por una educación de calidad y liberadora, sumate.