Ésa es una de las consignas que cantamos en las marchas unitarias del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, del que somos integrantes, en contra de la impunidad, la represión y el ajuste. Es que las tres cuestiones forman parte de una misma batalla por los derechos democráticos.

Casi a fin de año recibimos con indignación la noticia de que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6 decidió concederle la prisión domiciliaria al represor de la dictadura, condenado a prisión perpetua, Miguel Etchecolatz. Días después, éste violó impunemente la domiciliaria saliendo en una camioneta sin identificación.
La justicia del sistema, en consonancia con el discurso del Poder Ejecutivo Nacional, pretende garantizar la impunidad de estos personajes nefastos de la historia de nuestro país: secuestradores, torturadores, asesinos y apropiadores de bebés. Sin vergüenza, la diputada Elisa Carrió pidió “justicia para esos militares que con 80 años se están muriendo en la cárcel”…
Recientemente, el jefe del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot, al que vimos defender a capa y espada la reforma previsional que saquea a los jubilados, pidió la “reconciliación” con los genocidas de la última dictadura militar.
Pero pese a estas declaraciones, más las de otros funcionarios macristas y las campañas a favor de la “teoría de los dos demonios” que replican los grandes medios adictos a Cambiemos, el pueblo no compra. Sabe que esa “reconciliación” es funcional a la impunidad del terrorismo de Estado de ayer y a la represión de hoy. Por eso recibieron a Etchecolatz en Mar del Plata con grandes marchas y escraches de los que fuimos parte junto con otros organismos de derechos humanos y organizaciones populares.
Como contracara de esa política, el gobierno nacional y los gobernadores reprimen con violencia al pueblo trabajador cada vez que gana las calles contra las reformas o decretos que pretenden imponer en beneficio de los bancos y corporaciones. Y mientras Macri permite que las Fuerzas Armadas, cuyo comandante en jefe es él, organicen homenajes a militares muertos por ataques guerrilleros, promueve la detención de luchadores en manifestaciones populares sin ningún tipo de pruebas. Repudiable por donde se lo mire.

El ajuste no pasa sin represión

Los jueces adictos al poder de turno obedecen gustosos. Mantienen detenidos a funcionarios y allegados al gobierno anterior, sin el más mínimo respeto por el debido proceso judicial. No respetan tampoco la presunción de inocencia, dictan prisiones preventivas sin ningún fundamento legal y por su mera discrecionalidad. Como si estuviéramos bajo la Inquisición medieval, desde el Poder Ejecutivo les marcan a dedo a los jueces quién será la próxima víctima a la que se le anularán todas las garantías y principios constitucionales y se la privará de su libertad.
También persiguen y mantienen injustamente privados de su libertad a compañeras y compañeros que son detenidos por el mero hecho de manifestarse, de ejercer su derecho a reclamar. El objetivo evidente es intentar disciplinar a un pueblo trabajador que da pelea para que no le quiten conquistas que tanto costó conseguir. Por eso en la Argentina de Macri hoy hay presos por luchar y también presos políticos (ver recuadro).
Entretanto, el blindaje mediático del que goza el gobierno macrista intenta desviar la atención. El ensañamiento con Sebastián Romero tuvo como finalidad sacar del centro de la escena la represión policial, que tanto en la jornada del 14 de diciembre como en la del 18 fue escandalosa. La cacería humana ejecutada por las fuerzas de “seguridad” fue la reacción del disgusto que le causó al gobierno la masividad de las movilizaciones contra la reforma previsional. Dicha actuación nos dejó postales que recorrieron el mundo y que quedarán en la conciencia popular entre las peores de la historia. Caras de felicidad de policías, atropellos con sus motocicletas a manifestantes, palizas a jubilados indefensos. El derecho a réplica en los medios, salvo excepciones, bien gracias.
Hoy celebramos la excarcelación, por falta de pruebas, de los militantes César Arakaki y Fernando Dimas Ponce (PO), que se habían presentado a la justicia y quedaron detenidos. Como aún siguen procesados, seguimos exigiendo su absolución definitiva. Desde el EMVJ también reclamamos la inmediata liberación de los cinco compañeros detenidos en la jornada del 14 de diciembre y de las demás presas y presos políticos.
No nos cansamos de repetir: para enfrentar esta ofensiva antidemocrática, autoritaria y regresiva en materia de derechos humanos hace falta la más amplia unidad de acción, respetando las diferencias pero anteponiendo los puntos de acuerdo. Este año será de mucha tensión social y política y el pueblo dio una muestra de que le sobran fuerzas para afrontar lo que se viene y defender todos sus derechos.

Libertad a lxs 17 presxs por luchar y presos políticos

Facundo Jones Huala, el lonko mapuche a riesgo de ser extraditado a Chile.
Esteban Rossano, Pablo Giusto, Diego Parodi, Juan Valotta y Sebastián Giancarelli, por la jornada del 14 de diciembre contra la reforma previsional.
Milagro Sala, Mirta Guerrero, Gladis Díaz, María Graciela López, Mirtha Aizama, Alberto Cardozo y Javier Nieva, de la agrupación Tupac Amaru, por el acampe en la plaza de Jujuy capital.
Luis D’Elía, Fernando Esteche, Jorge Yussuf Khalil y Carlos Zannini, acusados de “encubrimiento del atentado a la AMIA”.

Oscar Charrutti,
CADHU-MST