24 de marzo: marchamos de Congreso a Plaza de Mayo

El próximo domingo 24 de marzo miles de argentinos volveremos a movilizarnos hacia la Plaza de Mayo y en todas las provincias del país. Lo haremos nuevamente para exigir Justicia para nuestros 30.000 desaparecidos, para que vayan presos todos los genocidas y sus cómplices.
Las enormes luchas que protagonizó nuestro pueblo con su resistencia a la Dictadura primero, y que tuvo su continuidad durante más de 30 años con la presencia en las calles de varias generaciones, lograron terminar con las leyes del Punto Final y la Obediencia Debida dictadas por Alfonsín primero y con los Indultos de Menem posteriormente.
La movilización logró que haya a la fecha casi 400 represores condenados y cerca de 1.000 procesados. Sin embargo, siendo esto una conquista de la lucha, es insuficiente. En el país hubo más de 600 campos clandestinos, lo que da una cifra de un poco más de dos repre-sores por campo condenados.
Es que el gobierno, más allá de sus tramposos discursos, ampara a un sistema judicial al servicio de la impunidad, que permite que las causas judiciales en su inmensa mayoría estén fragmentadas, parcializadas, y funcionales a ocultar la magnitud del genocidio. De esta forma los represores van muriendo ancianos, la mayoría en la mayor impunidad y otros en cómodas prisiones domiciliarias, como acaba de ocurrir con el ex Ministro de Economía de la Dictadura, Alfre-do Martínez de Oz.
Por eso la lucha por cárcel común y efectiva para todos los geno-cidas, por la apertura y publicación de todos los archivos de la Dictadura, por la restitución de la identidad de los jóvenes apropiados, es una lucha presente. Enfrenta a un gobierno que, como el de los Kirchner, ha intentado usurpar la bandera de los derechos humanos en beneficio propio, bastardeando la lucha heroica de millones, de las Madres y los organismos de DDHH. Así lo demostró, entre otras cosas, su último «asadito», nada más y nada menos que en uno de los más terribles campos de detención, desaparición, tortura y muerte, como fue la ESMA.

Contra la represión, el espionaje y la criminalización de la protesta

Vivimos tiempos de «ajuste» y el gobierno de Cristina ha decidido con los grandes empresarios y la complicidad de los burócratas sindicales amigos, que el costo de la crisis la paguen los trabajadores y el pueblo.
Necesitan parar las luchas de los docentes y estatales por un aumento justo, del conjunto de los trabajadores por paritarias sin topes, de los desocupados por trabajo y planes sociales, de los jubilados por el 82% móvil, de los pueblos originarios por sus tierras. Y para ello este gobierno no ha dudado en criminalizar la protesta y en utilizar al aparato represivo, a Garre, Ber-ni, Aníbal Fernán-dez y las patotas sindicales y paraestatales.
Por eso, existen cerca de 5.000 luchadores procesados y están en curso varios juicios que amenazan con llevar a la cárcel a delegados y luchadores sociales. Por eso ha aprobado una «ley antiterrorista» que contempla penas de cárcel efectiva para aquellos luchadores sociales que protesten contra las políticas gubernamentales.
Por eso metieron presos en Campo de Mayo a los desocupados con sus familias por cortar la Panamericana, mandaron a los gendarmes contra los petroleros de Chubut, reprimieron salvajemente en Bariloche, y con la Bonaerense golpearon y metieron presos a los camioneros en lucha de Lomas de Zamora. Macri y los gobernadores K completan esta tarea con la Metropolitana y las policías provinciales.
Dejaron correr las patotas que, como la de Pedraza mató a Maria-no Ferreyra, o las de la UOCRA contra las luchas docentes y estatales en las provincias. Bandas para-policiales que sumadas al accionar de las policías Federal y provinciales, ya llevan en los últimos tres años más de 25 compañeros luchadores asesinados. Y mantienen presos políticos como los de Corral de Bustos o de Bariloche, que son utilizados como rehenes para amedrentar a los que luchan.
No tienen empacho en violar los más elementales derechos constitucionales, utilizando el aparato de la Gendarmería para espiar a centenares de organizaciones populares, como ha salido a la luz en la causa contra el llamado Proyecto X, que desnudó las mentiras de la ministra de Seguridad Nilda Garré.
Además, el gobierno y los K. pretenden apropiarse de la Plaza. Utilizando a los organismos que responden al gobierno como escudo, y con el aparato estatal y su nueva herramienta K «Unidos y Organizados», el gobierno pretende que la voz independiente del Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia, este año no pueda ser escuchada en la Plaza de Mayo.
En un año electoral no quieren que se denuncie las violaciones a los Derechos Humanos llevadas a cabo por el gobierno de Cristina y sus gobernadores. Pondremos todo el empeño para que, una vez más, fracasen en su intento.